Las facultades y cargas previstas en el
artículo 402 del Código Orgánico Procesal Penal deben ejercerse en el término
previsto en dicho artículo; esto es: tres días antes del vencimiento del plazo
fijado para la celebración de la audiencia de conciliación.
Máxima:
Ahora, el Código Orgánico Procesal Penal
en el título dedicado al procedimiento establecido para los delitos de acción
dependiente de instancia de parte, en su artículo 411 (del código vigente para
ese momento) o en su artículo 402 del Código actual, establece lo siguiente:
Artículo 411. Facultades y Cargas de las Partes. Tres
días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia
de conciliación, el acusador o acusadora y el acusado o acusada podrán realizar
por escrito los actos siguientes:
1. Oponer las excepciones previstas en este Código, las
cuales sólo podrán proponerse en esta oportunidad.
2. Pedir la imposición o revocación de una medida de
coerción personal.
3. Proponer acuerdos reparatorios o solicitar la
aplicación del procedimiento por admisión de los hechos.
4. Promover las pruebas que se producirán en el
juicio oral, con indicación de su pertinencia y necesidad. (Cursivas del autor del Resumen de Jurisprudencia).
Al respecto, esta Sala ha señalo en su jurisprudencia
(ver entre otras sentencia n.° 1287, del 28 de junio de 2006, caso: Asdrúbal Maestre Orea), que en la norma
anteriormente transcrita se establece el catálogo de las facultades y cargas
procesales que las partes pueden desplegar, una vez que ha sido fijada la
oportunidad para la celebración de la audiencia de conciliación, en el
procedimiento especial en los delitos de acción dependiente de instancia de
parte. Algunas de dichas cargas procesales se encuentran íntimamente vinculadas
al ejercicio del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que
constituyen una manifestación palmaria del mismo en el proceso penal, estando
contenidas aquéllas, específicamente, en los numerales 1 y 4 de la citada norma
adjetiva, a saber, la oposición de las excepciones previstas en el artículo 28
del Código Orgánico Procesal Penal, y la utilización de los medios probatorios
a ser producidos en la oportunidad del juicio oral.
De igual forma, esta Sala ha señalado que en la norma
que se comenta, se establece la oportunidad procesal en la que deben ser
materializadas tales cargas por las partes, la cual es, tal como lo dispone
dicho texto legal, el tercer (3er) día antes del vencimiento del plazo fijado
previamente por el Tribunal, a los fines de la celebración de la audiencia de
conciliación. De tal regla se evidencia, que el “dies a quo” será el día en que
se lleve a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, la cual dará
apertura al cómputo del término antes descrito, y entonces, partiendo de la
misma, deben contarse regresivamente tres (03) días hábiles, siendo que el
tercero (3°) será el “dies ad quem”, y es en este último en el que las partes
podrán realizar, por escrito, los actos enumerados en el artículo 411 del
Código Orgánico Procesal Penal.
Por su parte, la Sala de Casación Penal de este
Supremo Tribunal, en sentencia n.° 214, del 22 de mayo de 2006, caso: Francisco
Hernández Venega y otros, en un recurso de interpretación de norma, estableció
el alcance del mencionado artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy
artículo 402), en los términos siguientes:
(…) En razón de lo anterior, esta Sala pasa a conocer
el alcance y contenido de la norma 411 del Código Orgánico Procesal Penal, la
cual es del tenor siguiente: “…Facultades y cargas de las partes. Tres días
antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia de
Conciliación, el acusador y el acusado podrán realizar por escrito los actos
siguientes:
…omissis…
El artículo antes transcrito se encuentra ubicado
dentro del Título VII del procedimiento en los delitos de acción dependiente de
instancia de parte.
De la simple lectura del artículo 411 del Código
Orgánico Procesal Penal, se puede determinar que el legislador quiso establecer
un plazo para que las partes, por escrito, pudieran realizar los actos
siguientes: 1.- Oponer excepciones; 2.- Pedir la imposición o revocación de una
medida de coerción personal; 3.- Proponer acuerdos reparatorios o solicitar el
procedimiento de admisión de hechos; y 4.- promover las pruebas, con indicación
de su pertinencia y necesidad.
En cuanto a los ordinales antes enumerados no parece
haber confusión ni ambigüedad, el problema se presenta cuando les toca a las
partes determinar cuál es el momento procesal para que puedan presentar por escrito
dichos actos.
Dicha confusión se debe a la forma en que está
redactado el artículo y sobre todo a que, cómo señala el abogado Carlos Andrés
Pérez en su libro “Los Fundamentos Jurídicos para interponer y formalizar el
recurso de Casación en materia Penal” “el Código Orgánico Procesal Penal, a
todo lo largo de su articulado, habla indistintamente de los vocablos término y
plazo”|, como si fueran sinónimos, cuando etimológicamente dichos conceptos son
diferentes.
Es así como, al revisar la doctrina patria se observa
que, según el Doctor Carmelo Borrego, en su libro Nuevo Proceso Penal, Actos y
Nulidades Procesales, “…cuando la ley exige que un acto debe realizarse en un
momento específico, se está en presencia de un término, mientras que si
el acto debe ejecutarse en un período, se hace referencia a un plazo…”.
En relación a este criterio, el abogado Carlos Andrés
Pérez, señala: “…tenemos que inferir que los términos procesales se determinan tomando en cuenta el momento
específico en el que ha de realizarse el mismo, es decir, que la ley es la que
determina o exige el momento en el cual ha de llevarse a cabo el acto procesal.
Por su parte, el vocablo plazo, se configura cuando el acto procesal ha de llevarse a cabo
en un período de tiempo…”.
Ahora bien, volviendo al análisis del artículo 411,
tenemos que el mismo señala: “Tres días antes del vencimiento del plazo fijado
para la celebración de la audiencia de conciliación…”.
A simple vista pareciera que se trata de un plazo y
que en consecuencia debe entenderse como un período de tiempo, pero para lograr
interpretar el contenido de las líneas antes transcritas, debemos considerar
que, como se trata de un procedimiento en delitos de acción dependiente de
instancia de parte, la actuación del querellante es de suma importancia y
necesidad, ya que su falta u omisión podrá considerarse como desistimiento de
la acción intentada. Y en cuanto al querellado, podemos decir que a mayor
claridad en lo que al procedimiento respecta, le brinda más seguridad y mejor
posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.
De manera que, lograr determinar el momento preciso
para la presentación por escrito de dichas actuaciones, es de sumo interés para
las partes que integran el proceso, y a eso se avocará esta Sala a
continuación.
Bajo el entendido de que el legislador pretende que
las partes lleguen a una audiencia de conciliación, con total conocimiento de
las pretensiones de la contraparte, así como de los medios probatorios con los
que cuenta, debemos interpretar que el legislador fijó un término para que las
partes acudieran el mismo día al tribunal a consignar su escrito. Esto con el
fin de que las partes pudieran tener acceso a la información en ellos
contenida, y de esta manera pudiera igualmente prepararse mejor para la audiencia
de conciliación y posteriormente a la celebración del juicio público.
Es así que, si es fijada la audiencia de conciliación
para el día diez (10), será entonces tres días hábiles antes de esta fecha, es
decir, el día siete (7), que las partes podrán realizar por escrito los actos
enumerados en el artículo bajo análisis, dejándose los dos días siguientes para
que las partes analicen y consideren las excepciones, medidas, propuestas o las
pruebas promovidas por la otra parte.
Se tendrá como extemporáneo el escrito contentivo de
dichos actos, si se verifica que el mismo ha sido presentado antes o después
del tercer día, antes de la audiencia de conciliación, y dicha extemporaneidad
acarreará las consecuencias señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal. (Negritas y resaltado del fallo parcialmente
transcrito. Cursivas del autor del Resumen de Jurisprudencia).
Ahora, en el caso de autos, la celebración de la
audiencia de conciliación se llevó a cabo el día 08 de febrero de 2011,
oportunidad en la cual la Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia en
Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial
del Estado Nueva Esparta admitió las pruebas ofrecidas por la defensora del
querellado, y el querellado llevó a cabo la promoción de pruebas el martes 01
de febrero de 2011; de esta forma, si se realiza el correspondiente cómputo a
los fines de determinar cuándo debía realizarse dicho acto, se concluye que en
el proceso originario el dies a quo
estuvo constituido por el 08 de febrero de 2011, oportunidad en la cual se
celebró la respectiva audiencia de conciliación, y que obviamente no se debía
computar, mientras que el 03 de febrero de 2011 fue el dies ad quem, toda vez que éste era el tercer día hábil anterior a
la celebración de la mencionada audiencia. A mayor abundamiento, el día 08 de
febrero fue un día martes, por lo que contando regresivamente a partir de éste,
se evidencia que el intervalo entre el mismo y el día para la promoción de las
pruebas, estuvo conformado por el día lunes 07 de febrero, viernes 04 de
febrero, hasta llegar al jueves 03 de febrero, siendo éste entonces, de
conformidad con la citada norma adjetiva penal, el tercer día anterior a la
celebración de la audiencia de conciliación.
Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que
existen formalidades esenciales y formalidades no esenciales de las cuales se
puede prescindir, y que en lo que atañe a los procedimientos diferentes al
amparo, el Constituyente quiso evitar una rigurosidad en la observancia de las
formalidades no esenciales sin que esto signifique la no sujeción a
formalidades esenciales establecidas en las normas legales (ver entre otras
sentencia n.° 851, del 28 de julio de 2000, caso: José Vicente Pinto).
En ese sentido, los lapsos establecidos en los
diversos códigos de procedimiento para el ofrecimiento y promoción de pruebas
deben ser considerados como una formalidad esencial que debe cumplirse en
resguardo a los derechos y garantías constitucionales de los sujetos en el
proceso, ya que las pruebas forman parte de la cargas y responsabilidades de
las partes y el juez
no puede subrogarse en la carga probatoria de las mismas, más aún, en los procedimientos en los delitos de
acción dependiente de instancia de parte (ver entre otras sentencia n.° 1663,
del 03 de octubre de 2006, caso: Vipica,
C.A.).
Partiendo de las consideraciones antes expuestas,
esta Sala estima que la defensa del querellado al ofrecer las pruebas el 01 de
febrero de 2011, lo hizo de manera extemporánea, por lo que, la Corte de
Apelaciones no debió haber declarado sin lugar la apelación ejercida por el
querellado, toda vez que, como refiere la doctrina: “Promoverse pruebas fuera de los lapsos es extemporáneo y si hay
admisión debe anularse tal acto. Quebrantar las formas esenciales de promoción
en los medios es causa de inadmisión y causa de admitirse puede solicitarse su
nulidad. En todos estos casos, es por instancia de parte, lo que significa que
tiene que impugnarse en la primera oportunidad” (Rivera Morales, R (2007). Nulidades Procesales, Penales y Civiles.
2da. Edición. Librería J. Rincón G.C.A. Universidad Católica del Táchira).
Ver extracto en:
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