En los últimos años la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, cambiando casi por completo la forma de informarnos, comunicarnos e incluso de entretenernos. Cada vez más empresas utilizan software en sus estructuras de funcionamiento y las que no lo hacen, son reemplazadas rápidamente. Pensemos un momento en Kodak, quien fuera la empresa líder en fotografía por muchos años, fue sustituida rápidamente por los teléfonos móviles y el almacenamiento en la nube.
La disciplina del Derecho ha ido poco a poco adaptándose a estos cambios, y cada vez hay más interesados en implementar los avances tecnológicos al ejercicio de la profesión de abogado y a la Administración de Justicia, en general. Así se ha acuñado la palabra Legaltech, para referirse a la aplicación de nuevas tecnologías en la prestación de servicios legales.
Por ello, vale preguntarse en líneas generales, cuál es la situación de Legaltech en el país con el fin de conocer si el sistema judicial se ha adaptado a los recientes cambios tecnológicos.
¿Dónde estamos?Venezuela se encuentra atravesando una profunda crisis social, económica e institucional, que no solo dificulta el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino que ha hecho que la prestación de servicios legales y la Administración de Justicia no haya cambiado sustancialmente en los últimos años si lo comparamos con la evolución de otros países de la región. En el caso de Argentina, por ejemplo, en 2017 se creó Prometea, un sistema de inteligencia artificial para la optimización de la Administración de Justicia que se ha expandido no solo a otras áreas de la Administración Pública, sino que ha trascendido las barreras del país.
A inicios de siglo, el Poder Judicial venezolano comenzó con buen pie al adoptar medidas que implicaban el uso de nuevas tecnologías para hacer eficiente la Administración de Justicia. En ese sentido, se realizaron cambios importantes en el Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión al proyecto de modernización financiado por el Banco Mundial. Además, se implementó el sistema Iuris 2000 en los tribunales del país, una herramienta de gestión que facilitaba la actividad judicial. Sin embargo, todas esas iniciativas se estancaron y no hubo nuevos avances en los siguientes años.
La pandemia por COVID-19, ha funcionado como agente acelerador para el uso de tecnologías en algunos tribunales del país. En ese sentido, el Poder Judicial ha dictado las primeras resoluciones que permiten la celebración de audiencias a distancia y la interposición de recursos de forma online. Asimismo, se ha puesto en marcha la creación de expedientes electrónicos, que si bien ya se habían creado para los juzgados en materia de violencia de género y los de responsabilidad penal del adolescente en 2018, se han expandido a otras áreas.
En todo caso, se debe señalar que estas medidas han sido tomadas desde la improvisación, desde la urgencia de la situación, y no parecen responder a ninguna planificación o intención de reforma estructural del sistema judicial. Ello se denota porque más allá de crear procesos inteligentes para mejorar sustancialmente la administración de justicia, se insiste en los mismos procesos burocráticos pero ahora con mediación tecnológica. Por ejemplo, al crear infinidad de correos electrónicos para cada tribunal y para cada actividad específica, lo que realmente se está haciendo es trasladar la burocracia al mundo digital.
¿Startups de Legaltech en Venezuela?Como vimos, la Administración de Justicia en el país no se ha adaptado muy bien a las nuevas tendencias tecnológicas, pero habría que preguntarse ¿existe innovación en la prestación de los servicios legales por parte de iniciativas privadas?
De una búsqueda superficial aparecen dos startups que destacan por su intención de mejorar la actividad legal: Widulegal y Justipedia.
Widulegal, es un portal web creado en el 2018 por socios del Despacho de Abogados AraqueReyna, mediante el cual se pueden auto-gestionar documentos legales sin necesidad de acudir a un abogado. Mientras que Justipedia, es una biblioteca virtual creada en 2019 por el Centro de Investigación Enciclopédica de Jurisprudencia, mediante la cual se pueden acceder a los criterios más relevantes adoptados por el Tribunal Supremo de Justicia y la antigua Corte Suprema de Justicia a través de un buscador eficiente.
Estas iniciativas van forjando poco a poco el futuro del Legaltech en Venezuela, proponiendo ideas innovadoras que cambian la forma tradicional de ejercer la profesión de abogado.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en los países donde ha existido un gran avance en esta área es porque cuenta con el apoyo de políticas gubernamentales que facilitan la adopción de la tecnología para la gestión pública. Es por ello que, además de necesitar que más actores privados se involucren al respecto, se requiere el apoyo del Estado.
ConclusiónEn Venezuela, aún nos queda un camino largo por recorrer para que el sistema judicial y la prestación de servicios jurídicos se amolden a las tecnologías disruptivas que están naciendo en todo el mundo. Lo positivo de esto, es que existe una posibilidad enorme de expansión del LegalTech, pues en un país que ha incursionado poco en la aplicación de nuevas tecnologías en el área legal, muchas cosas pueden proponerse.
Pero sin duda, la innovación en el mundo jurídico es tarea de múltiples actores, tanto públicos como privados. Para ello, es necesario entender que la tecnología no es enemiga del derecho, ni del proceso de justicia, y que en la medida en que las iniciativas privadas se monten en la ola de la tecnología, se podrán provocar e incentivar cambios en las políticas gubernamentales.
