2 may. 2018

6 claves para entender el petro, la criptomoneda de Venezuela

¿Cuán viable es que el petro, la criptomoneda de Venezuela, sirva para aliviar la crisis en el país?
 
La criptomoneda emitida en Venezuela es, según el gobierno de Nicolás Maduro, la primera lanzada por un Estado, aunque países como Estonia y Dubái ya han manifestado que tienen también planes similares.
En pleno furor de las criptomonedas, lideradas por el  bitcoin, y en medio de una severa crisis económica, el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro tomó una decisión novedosa y arriesgada que comenzó a funcionar oficialmente este martes con la fase de preventa.
El gobierno recurre a él como fuente de financiación en un momento en el que sus ingresos han caído por la baja producción y la reducción de precios del petróleo, principal y casi única fuente de entrada de divisas al país.
A eso se suman las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos que le impiden emitir nueva deuda o refinanciarse a través de las instituciones de ese país.
Respaldado por el crudo venezolano, el petro supone un "cambio de época en el mundo financiero", según afirmó este martes el ministro de Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa.
Aunque el análisis de sus datos técnicos todavía deja muchas incógnitas, estas son 6 claves que sirven para explicar lo que de momento se sabe del petro.
1. ¿Quién la puede comprar, cuánto vale y por cuánto la puedo cambiar?
Quien lo desee puede desde este martes manifestar su intención de compra de petros. En esta fase de preventa la idea es comprobar el apetito del mercado.
El superintendente de las criptomonedas de Venezuela, Carlos Vargas, dijo la semana pasada que el gobierno espera atraer a inversionistas de Qatar, Turquía, así como de países del Medio Oriente, Europa y Estados Unidos en la preventa de su moneda digital.
Cada petro tiene como valor de referencia el precio de un barril de petróleo, del que Venezuela es considerado el país con mayores reservas probadas del mundo.
Eso no significa que cada petro equivalga a un barril, sino que el valor del petro está vinculado con el del crudo venezolano.
Teniendo esto en cuenta debería estar ahora en torno a los US$60, pero el precio de venta del petro dependerá aún de un acuerdo entre los interesados en la preventa y el gobierno.
Según se ha anunciado, se emitirán 100 millones de petros, por lo que el valor total de la emisión se estima en unos US$6.000 millones. De acuerdo con el Libro Blanco, que regula el funcionamiento de la moneda, este martes se empezaron a vender 38,4 millones de criptoactivos.
Ese Libro Blanco señala en un principio que la oferta es fija, pero también se dice que el petro va a poder ser minado si los usuarios así lo acuerdan.
El documento señala también que cuando alguien quiera cambiar su petro, se pagará el precio del barril pero en bolívares, la moneda nacional venezolana, muy devaluada por la hiperinflación que atraviesa el país.
El billete de mayor denominación, el de 100.000 bolívares, apenas equivale a menos de US$0,50 en el mercado de cambio paralelo.
El cambio a bolívares se realizará en plataformas de cambio autorizadas por el gobierno, de las que de momento se conocen pocos detalles.
Su valor va a radicar, sobre todo, según Laura Rojas, experta en finanzas digitales, en la promesa de que se va a crear un mercado en Venezuela y "podrá ser usado más adelante para pagar impuestos y servicios público", le dice a BBC Mundo.
Eso, unido a la promesa del gobierno de que se va a esforzar en promover su uso internacional a través por ejemplo de la estatal PDVSA, que deberá pagar parte de sus transacciones en petros.
2. ¿Es realmente una criptomoneda y en qué se diferencia del bitcoin, la más popular?
Sí, el petro es una de las cientos de criptomonedas que existen y de las que el bitcoin es la más conocida.
La principal diferencia con el bitcoin radica en que el petro estará centralizado por un intermediario, en este caso el gobierno de Venezuela, mientras que el bitcoin es completamente descentralizado. No pertenece a nadie, no está regulado por gobiernos, bancos ni fondos de inversión.
Otra diferencia es el minado. El bitcoin puede ser generado por cualquiera con el equipo adecuado. El petro, según el Libro Blanco, eso dependerá de si los usuarios lo acuerdan porque en un principio la oferta es de 100 millones.
El petro no es la primera moneda digital emitida por un ente centralizado, como puede ser una empresa.
"A partir de aquí se siguen reglas establecidas y predeterminadas que hacen que ni el valor ni la oferta sean manejadas de forma discrecional", apunta Rojas.
3. ¿Qué busca el gobierno?
El gobierno de Venezuela, con problemas de ingresos, en medio de una grave crisis y presionado por las sanciones financieras de Estados Unidos, lanzó el petro y lo promociona como una solución para poder financiarse y resolver los muchos males que asolan su economía.
Entre los objetivos está crear una moneda alternativa al dólar y una economía digital y transparente para el beneficio de los países emergentes y alejada del sistema financiero mundial, controlado desde Estados Unidos.
Quiere que Venezuela sea "referencia global de soberanía frente a los grandes centros financieros globales".
Con el petro, además, el gobierno busca un ingreso que ahora no encuentra. En abril deberá hacer frente a nuevos pagos de deuda que no puede refinanciar por las sanciones de Estados Unidos.
Las importaciones de un país dependiente del exterior han caído y esto es parte de la explicación de la carencia de alimentos y de productos básicos.
Todo ello en un contexto de una continua caída de la producción de petróleo, casi su única fuente de entrada de dólares, que ni siquiera le ha permitido aprovechar el aumento del precio del barril en los últimos meses.
"La criptomoneda viene a fortalecer nuestra economía", afirmó el lunes el presidente Maduro, sin dar más detalles. "Vamos a tener un éxito total", aventuró.
De acuerdo al Libro Blanco, el 55% de los ingresos recaudados irán a un fondo soberano que el gobierno podrá usar discrecionalmente.
4. ¿Es un instrumento para emitir deuda pública?
Es la gran crítica que le hace la oposición. El Parlamento, controlado por los rivales de Maduro, ha declarado ilegal el petro.
El economista y diputado opositor de la Asamblea Nacional José Guerra cree que el petro no es una criptomoneda y que se asemeja más a un bono de deuda pública.
Según Guerra, la creación del petro es "una operación de deuda que trata de evitar el control parlamentario", dijo en una reciente entrevista televisiva. Además, se refirió a ella como una inversión "altamente riesgosa".
"Si el gobierno piensa que utilizando el petro obtendrá financiamiento que no puede tener hoy, se va a equivocar", agregó.
La nueva emisión de deuda, de acuerdo con la Constitución, debe estar respaldada por la Asamblea Nacional, la cámara legislativa de mayoría opositora, que se niega a que aumente la enorme deuda del país.
Y a eso se suma que Estados Unidos impide que se refinancie la deuda o se emita nueva a través de su territorio y sus instituciones.
5. ¿Sirve para sortear las sanciones de Estados Unidos?
La idea del petro es poder lograr financiamiento fuera de los circuitos de influencia de Estados Unidos que tanto el Ejecutivo como la petrolera estatal PDVSA tienen ahora cerrados.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro ya ha advertido a todos los interesados en invertir en el petro.
"Una moneda de estas características pareciera ser una extensión de crédito al gobierno de Venezuela (…). Los estadounidenses que se involucren con la futura moneda digital venezolana pueden estar expuestas a sanciones de Estados Unidos", alertó.
Esto podría ser un factor disuasorio para quien esté en principio interesado en adquirir petros.
La experta Rojas cree que ese es el principal objetivo del gobierno de Venezuela: "Levantar el cerco de las sanciones para conseguir dinero".
"En el mundo privado estas preventas son una innovación respecto a fórmulas tradicionales para levantar capital. Una empresa que empieza o recurre a la venta de acciones o emite deuda para levantar capital cuando tiene un proyecto que está comenzando", afirma Rojas.
Emitir criptomoneda es una alternativa. "El gobierno de Venezuela se montó en esa ola", asegura la experta.
6. ¿Tendrá éxito?
El gobierno ya afirma que lo va a tener, pero hay muchas dudas aún en el Libro Blanco, falto aún de datos específicos clave.
El presidente Maduro habló este martes de haber registrado en la preventa una intención de compra por valor de US$735 millones en tan solo 20 horas desde su lanzamiento.
Para el éxito será clave la confianza.
El propio gobierno es el emisor y el que se compromete a recomprarlos. Y lo hará en un contexto en el que varias agencias crediticias han hablado de default (o cesación de pagos) selectivo por el retraso en el pago de intereses de algunos bonos de deuda.
Y además, Venezuela va a seguir teniendo bloqueados los mercados.
Esta situación podría agravarse ante unas elecciones presidenciales el 22 de abril que buena parte de la comunidad internacional va a desconocer por no considerar que se den en circunstancias justas y que la mayoría de la oposición va a boicotear.
"Con una criptomoneda no vendes acciones ni bonos. El inversionista no tiene ningún derecho legal sobre el proyecto en el que invierte. Lo único que tiene es confianza en que va a desarrollar el proyecto de acuerdo a lo dicho", explica Rojas a BBC Mundo.
Eso es lo que hace que toda criptomoneda sea una inversión "altamente riesgosa". "Si además de eso, el emisor no te dice lo que va a hacer, me cuesta pensar que haya inversionistas serios detrás del petro", dice Rojas.
En un mes comenzará la venta efectiva y se espera que empiecen a disiparse incógnitas.


IUS INFORMÁTICO, IUS CIBERNÉTICA Y JURIMETRÍA

IUS INFORMÁTICO

El término "Derecho Informático" (Rechtsinformatik) fue acuñado por el Prof. Dr. Wilhelm Steinmüller, académico de la Universidad de Ratisbona de Alemania, en los años 1970. Sin embargo, no es un término unívoco, pues también se han buscado una serie de términos para el Derecho Informático como Derecho Telemático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la Información, Iuscibernética, Derecho Tecnológico, Derecho del Ciberespacio, Derecho de Internet, etc.

Se considera que el Derecho Informático es un punto de inflexión del Derecho, puesto que todas las áreas del derecho se han visto afectadas por la aparación de la denominada Sociedad de la Información, cambiando de este modo los procesos sociales y, por tanto, los procesos políticos jurídicos.

 

NECESIDAD EN LA SOCIEDAD POR EL DERECHO INFORMÁTICO

Desde la aparición de la computación como un fenómeno, ésta ha sido benéfica en las distintas áreas de la ciencia y la cultura. La tecnología siempre ha sido gran aliada del ser humano, pero ¿qué pasa cuando ésta se pone al servicio de la delincuencia?.
Precisamente eso ha ocurrido con la informática, ahora los delincuentes utilizan éste medio para consumar sus actos delictuosos.
Por definición general el derecho debe evolucionar con las necesidades de los seres humanos o con sus nuevas costumbres para regular las nuevas relaciones que de esto surge. Es por ello que surgió el derecho informático, que se entiende como el conjunto de normas objetivas que están destinadas a mediar los actos que nacen a causa del uso de la informática.
Se ha considerado que ésta nueva faceta del derecho no debe ser considerada tanto como una rama subyacente de la ciencia del derecho, si no como un proceso de transformación de la misma, ya que la aparición de la informática ha provocado la diversificación de los procesos jurídicos, tales como juicios, pruebas, medios de delinquir, etc.
Uno de los puntos en que el derecho se ha visto vulnerado a causa de la informática, como ya he mencionado, es en las dos ramas clásicas del derecho, como lo son el derecho civil y penal, aunque como mencioné líneas arriba, se sugiere también que el derecho informático sea considerado como una rama independiente del derecho.
En derecho penal, se afronta un nuevo reto en cuanto la sanción y clasificación de los delitos, ya que como sabemos el delito se define como una conducta que es sancionada por las leyes de defensa social. Pero que sucede cuando el medio es la tecnología, los abogados defensores de los delincuentes informáticos podrían alegar la ausencia de alguna característica que integre la configuración de un delito, como la tipicidad, ya que el derecho aún no prevé muchos actos informáticos ilegales como delitos o la punidad por la misma causa.
Es en estos casos que el derecho se ve rebasado por la tecnología, que usa a su vez como vía de escape a sus principios más básicos, como el que definiera el conde de Beccaria en su libro “De los delitos y de las penas”: No puede aplicarse pena alguna que no esté predefinida en la ley.

 IUS CIBERNÉTICA

¿QUE ES LA CIBERNÉTICA?

Ciencia que estudia comparativamente los sistemas de comunicación y de regulación automática o control en los seres vivos y en las máquinas. Fue fundada en 1948 por NORBERT WIENER. Los métodos cibernéticos, basados en el FEED BACK o retroalimentación, se ocupa de los procesos de transformación de un estimulo exterior en información (entrada) y de la reacción del sistema mediante una respuesta (salida). Pueden aplicarse por igual a la biología y a máquinas complejas, como las computadoras electrónicas, así como la lingüistica, la economía, la teoría de la información, etcétera.

PRINCIPALES FACTORES QUE LA ORIGINARON

La cibernética como ciencia tuvo un origen complejo, no obstante, se puede afirmar que son tres los factores más importantes que intervinieron en su surgimiento: Un factor social, uno técnico - científico y uno histórico. La influencia de cada uno se manifesto de la siguiente manera:

a) Factor social. Nace como auxilio para la comunidad debido a los duros tiempos que experimentó. De esta manera surge la cibernética, tratando de buscar mecanismos que ayudasen a incrementar la producción y consecuentemente el capital.

b) Factor técnico - científico. En tal caso los movimientos o ciencias tecnológicas, e igualmente los pensamientos científicos, al interrelacionarse se dieron cuenta que su eficacia y desenvolvimiento eran más positivos, es entonces cuando esas reuniones y encuentros dieron lugar a avances que tenían como sustento  una nueva ciencia que se constituyó en la cibernética.

c) Factor histórico. Es desde este punto de vista que la cibernética emerge por la necesidad de la existencia de una ciencia de ciencias que controle y relacione a todas las demás.


La cibernética en su función de origen , reunía cinco sectores de influencia,  posteriormente,  añadió la temática en que se divide:

a) Teoría de los sistemas. Este sector se ocupa de dictaminar la estructura interna, relaciones tipológicas, entre otros objetivos de los sistemas, basandose en técnicas matemáticas.

b) Teoría de la información. Se encarga de las reglas y mecanismos para la elaboración  y transmisión de la información.

c) Teoría de la regulación o de control. Abarca la regulación automática de los sistemas activos o dinamicos.

d) Teoría de los juegos. Analiza los comportamientos óptimos de un sistema determinado en un estado conflictual concreto.

e) Teoría de los algoritmos. Los algoritmos integran un conjunto de reglas y procedimientos determinados que describen la solución de un problema en la medida de un número específico de operaciones. Por lo tanto esta teoría tiene como finalidad la formulación de reglas y procedimientos para resolver un problema concreto (en las computadoras).


IUSCIBERNÉTICA

La iuscibernética surge a raiz de la aparición y desarrollo de la cibernética. Ha sido objeto de varios nombres pero el más acogido a sido el de la iuscibernética que fue propuesto en 1968 por MARIO LOZANO. Tal disciplina parte de la idea de ver al sistema jurídico dentro de la cibernética, como ciencia general. Sin embargo, la iuscibernética, en función de las formas en que se manifiesta su aplicación en la práctica y su interpretación teórica, ha distinguido ciertos aspectos diferenciales con base en los cuales se puede hablar de una división expresada en otras disciplinas derivadas de ellas. En este sentido, la iuscibernética se divide en jurimetría, informática juridíca, modelística jurídica y derecho informático.

JURIMETRÍA

Es una disciplina que tiene como propósito o razón la posibilidad de la sustitución del juez por la computadora, finalidad que por el momento es inaceptada porque a travéz de la jurisdicción se emana una sentencia. Para ello el mejor candidato es un ser humano, que posee sentido racional, por lo cual puede acudir al sistema de integración y poder a través de las interpretaciones y lógica jurídica dar una sentencia llena de la interrelación de la paz y la justicia para lograr verdaderas sociedades, democracias y libertades. Por otra parte, la jurimetría podría sustituir al juez si la sentencia en su naturaleza jurídica fuera un simple silogismo.

Por ejemplo está demostrado que A compró un mueble a B por un precio determinado y que B le entregó el mueble a A en la forma estipulada; luego, A debe pagar a B el precio convenido.


En dicha cuestión el juicio lógico como silogismo es perfecto, porque A sino le paga a B, la computadora condenaría a A lógicamente al pago. Más no siempre el juicio lógico es perfecto, por ejemplo, la ley dice que el padre debe dar alimento a sus hijos menores. En el caso concreto y para determinar el monto de los alimentos, el juez muchas veces debe ir mas allá de la ley y fijar su inteligencia a la realidad jurídica que le dan los hechos de la experiencia, los hechos notorios y evidentes; adquiriendo datos sobre el alto costo de la vida, la inflación, y por último crear certidumbre histórica mediante la sentencia basada en dicha experiencia. Como puede observarse, esas deducciones de los hechos diarios no son alcanzables racionalmente por una computadora, pero sirve como ayuda al juez a través de la información jurídica y de una parte de la modelística jurídica.
 
http://antecedentesdelainformatica.blogspot.com/

La ONU declara el acceso a Internet como un derecho humano

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”. El documento establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora en adelante, un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución anima a todos los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y condena a las naciones que alteran esta libertad.
El texto recoge que “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser protegidos online”, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, defendida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La resolución fue aprobada Julio del 2006 sin consenso; Rusia, China y Arabia Saudí rechazaron esta iniciativa. Más sorprendente fue la oposición de democracias como Sudáfrica, India o Indonesia. Las discrepancias surgieron en relación al artículo que condena cualquier intento de interrumpir el acceso a la información online.
Thomas Hughes, director ejecutivo de Article 19, una organización británica que trabaja para promover la libertad de expresión, escribió: “estamos decepcionados de que democracias como Sudáfrica, Indonesia y la India votaran a favor de las enmiendas hostiles para debilitar las protecciones de la libertad de expresión en la red”. “Es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y ningún estado debería intentar frenar esto”.

El documento recoge lo que gran parte de la población ya ha asumido: es importante proteger el acceso a Internet porque “facilita enormes oportunidades para la educación asequible e inclusiva a nivel mundial”. De acuerdo con Agenda 2030, esta tecnología también tiene “un gran potencial para acelerar el progreso humano”.
Además de la libertad de expresión en Internet, la resolución también destaca una serie de cuestiones que los países deben abordar:
  • Todos los Estados tendrán que asegurar “la libertad y la seguridad en Internet”,
  • perseguir todas las violaciones de los derechos humanos y todos los abusos cometidos contra personas que ejercen sus derechos,
  • reconocer la importancia de la privacidad online y
  • promover la educación de las mujeres y las niñas en los sectores tecnológicos relevantes.
Esta iniciativa de la ONU para proteger el acceso a Internet de todos los seres humanos no es vinculante, es decir, ningún país está obligado a cumplir con esta resolución. Sin embargo, sí que supone una medida de presión que pueden utilizar los ciudadanos contra sus respectivos gobiernos. Ya en 2015, Barak Obama, presidente de Estados Unidos, dijo que “hoy la banda ancha no es un lujo, es una necesidad”.

[Fuente:techworm]

18 nov. 2017

Decisión mediante la cual se establece que los supuestos de la inmotivación de la sentencia, de "falta" y de "contradicción", ambos establecidos en el numeral 2 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal constituyen dos vicios distintos excluyentes entre sí

Al referirnos a la falta de motivación o inmotivación de las sentencias, se hace necesario puntualizar sobre el deber asignado a los órganos judiciales de motivar sus decisiones judiciales, respecto a lo cual, esta Sala en sentencia de N° 568/2009, del 15 de mayo (caso: Ángel Daniel Sánchez),  respecto a la motivación de las sentencias, lo que sigue:
En atención a lo expuesto, esta Máxima Instancia Constitucional considera que es un deber incuestionable de los jueces expresar en forma clara y precisa los argumentos de hecho y de derecho en que basan su decisión sea de la naturaleza que sea, pues esta exigencia constitucional no puede ser obviada en ningún caso.

De tal manera que el incumplimiento, por parte del jurisdicente, de ese deber de expresar los argumentos fácticos y jurídicos sobre los cuales sobre la base de los cuales funda su decisión, que impide el conocimiento por las partes, así como del resto de la ciudadanía, de las razones que la sustentan, restándole autoritas y convirtiéndola en un dictamen arbitrario, es la expresión de una sentencia inmotivada.
Empero, la contradicción en la motivación se refiere a un defecto de la sentencia completamente distinto, pues como ha dicho esta Sala, este vicio “surge cuando dichos fundamentos o motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves o inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos (inmotivación), todo lo cual ocasiona una quiebra en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia, y que por ende, destruye la coherencia interna de ésta” (N° 1.862/2008, del 28 de noviembre; caso: Luis Francisco Salazar).
En atención a lo expuesto, la sentencia objeto de la presente revisión, al afirmar que considera que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, contiene el vicio de inmotivación (por falta de esta) y a su vez contiene el vicio de contradicción, genera una paradoja, pues si la decisión judicial carece de la expresión de los motivos sobre los cuales se funda, es imposible que tenga motivos discordantes entre sí.
Como esta Sala señaló ut supra, el vicio de la contradicción en la sentencia demuele la estructura sobre la cual se erige, y debe reiterar lo establecido, entre otras, en la sentencia N° 617/2014, del 4 de junio (caso: José Leonardo González Durán), de la cual es pertinente extraer:
Así, la coherencia interna que debe tener toda sentencia, exige que el Juez impida la existencia de vicios lógicos del discurso, lo cual comprende lo siguiente: a) La necesidad de que, al ser contrastadas o comparadas globalmente todas las argumentaciones expuestas en la motivación, no sea observable disonancia alguna entre aquéllas; y b) La exigencia de que no existan errores lógicos derivados simplemente de una concreta argumentación efectuada por el juzgador. De cara al primer requisito, cuando el mismo no es cumplido, se produce la denominada incoherencia intracontextual, o incoherencia del conjunto o contexto de la motivación, siendo que en este caso el vicio lógico se pone de manifiesto al comparar y contrastar la contradicción existente entre los diversos argumentos que conforman una misma justificación (sentencia nro. 1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala)

De esta manera, estima esta Sala, como Máxima Garante de la Constitucionalidad, que la decisión objeto de la presente decisión está afectada del vicio de contradicción, lo cual incurre al contener dentro de sus argumentos, señalamientos contrarios entre sí, por ser excluyentes el uno del otro, los cuales están referidos a que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, es al mismo tiempo inmotivada (por falta de motivación), por carecer de la explicación de los motivos en que se funda y al mismo tiempo contener una motivación contradictoria. De esta manera, si la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio carece de motivación, no podría tener una motivación contradictoria, pues esto último presupone que contiene motivación.
Conforme a lo expuesto, esta Sala observa la existencia de un vicio en la motivación de la sentencia dictada, el 2 de marzo de 2017, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, pues, como ya se dijo, la misma se funda sobre la base de dos circunstancias paradójicas que desproveen de todo valor su discurso argumentativo y le generan un vicio en la motivación, lo cual constituye una afrenta a las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.
Como corolario de lo anterior, esta Sala Constitucional considera que lo procedente y ajustado a derecho, es declarar que ha lugar la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 2 de marzo de 2017, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por los abogados José Yván Rangel Villamizar y Ana Elizabeth Yépez Méndez, Fiscales Provisorio y Auxiliar Interino, respectivamente, de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, contra la sentencia absolutoria dictada, el 8 de noviembre de 2016, por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, que además anuló la sentencia definitiva dictada por el mencionado Juzgado de Primera Instancia y ordenó la celebración de un nuevo juicio oral y público, ello en el marco del proceso penal seguido a los solicitantes, por la presunta comisión del delito de ocultamiento agravado de sustancias de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en agravio de la colectividad. Así se decide.
Así las cosas, esta Sala ordena además la reposición de la causa seguida a los ciudadanos José Gregorio Gallardo Orellana y Wiliam Jesús Chacón Rondón, al estado de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, integrada por unos jueces distintos, conozca y resuelva, con prescindencia de los vicios advertidos en la presente decisión, el recurso de apelación ejercido por los abogados José Yván Rangel Villamizar y Ana Elizabeth Yépez Méndez, Fiscales Provisorio y Auxiliar Interino, respectivamente, de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, contra la sentencia absolutoria dictada, el 8 de noviembre de 2016, por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal.

Sentencia sobre Radicación

MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ


De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Sala de Casación Penal pronunciarse acerca de la solicitud de RADICACIÓN de la causa seguida ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, contra los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALAVÉ BUCCE, JUAN CAMILO CARRILLO MARTÍNEZ, HÉCTOR MIGUEL ROQUE RAMÍREZ, CÉSAR AMABILIS VALERA VILLARROEL, ADOLFO TORRES VARGAS, HENRY ANTHONY SÁNCHEZ MORA, JOSÉ MANUEL MARÍN MUÑOZ, JUAN CARLOS BARRETO RAMOS BERNARDO ANTONIO ATENCIO DELGADO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 3.942.739, V- 8.703.707, V- 7.844.135, V- 7.874.771, V- 9.397.212, V- 16.305.282, V- 11.147.016, V- 14.430.619 y V- 5.825.696, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, ASOCIACIÓN, OBSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMERCIO, en ese orden, previstos y sancionados en los artículos 34, 37 y 50 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como DAÑOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, previsto y sancionado en el artículo 360 del Código Penal; PECULADO DOLOSO y PECULADO DE USO, previstos y sancionados en los artículos 54 y 56 de la Ley contra la Corrupción, todos cometidos en perjuicio de la Estatal Petrolera PETROZAMORA.

Tal solicitud fue interpuesta por el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena.

El 8 de septiembre de 2017, se recibe en la Secretaría de la Sala de Casación Penal escrito de solicitud de radicación y en fecha 11 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala de la solicitud propuesta y en fecha 12 de septiembre de 2017, se designó ponente a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión

DE LA COMPETENCIA

La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de las solicitudes de radicación materializadas en los procesos penales en curso, se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, que disponen:

Artículo 29, numeral 3: “Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:…3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio”.
Artículo 64: “El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará”.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre la solicitud de radicación propuesta por el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena. Así se declara.

DE LOS HECHOS

Se inicia por denuncia presentada ante el Ministerio Público por el abogado ANDRÉS EDUARDO ARTEAGA, en su carácter de apoderado de la Empresa Mixta PETROZAMORA, del cual se desprenden los hechos siguientes:

“…La presente investigación se inicia en fecha 21 de agosto del presente año, con motivo de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el abogado ANDRÉS EDUARDO ARTEAGA, en su carácter de apoderado de la Empresa Mixta PETROZAMORA, S.A, en la cual adujo unos hechos ocurridos el día 07-08-17 en el área de CEUTA-TRECO DEL LAGO DE MARACAIBO, cuando se reportó la apertura del interruptor B-505 por sobre corriente en la Subestación L, afectando a las Subestaciones 36M 37M, detectándose en el sitio una afectación en el transformador TX2 de la Subestación 36M, asociado al interruptor B-205 (ACEITE DRENADO A TRAVÉS DE VÁLVULA DE SERVICIO Y POSIBLES DAÑOS A NIVEL DE ESTRUCTURA POR OPERACIÓN BAJO CARGA SIN ACEITE DIELÉCTRICO). Dicha situación irregular produjo una pérdida de producción asociada de 25.500 barriles que se traducen en una pérdida económica considerable.
En este contexto, mediante investigaciones relacionadas con dicha denuncia por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar, se pudo conocer una serie de irregularidades que se suscitan en la empresa mixta PETROZAMORA S.A., conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. y GazprombankLatin América Ventures B.V. (Rusia), la cual desarrolla sus actividades primarias, previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en las áreas denominadas: Bachaquero Tierra, Lagunillas Tierra, Bachaquero Lago Bloque VII Ceuta, Bloque II Bachaquero y Bloque III Centro. Cabe destacar, que las novedades ocurridas han sido denunciadas de forma reiterativa por la dirigencia de la parte rusa, sin recibir una respuesta acorde a los intereses de ambas naciones. Al mismo tiempo, resulta importante destacar las denuncias que se han visto reflejadas en los medios de comunicación, referente a la empresa ´Tratamientos Químicos C.A.´ ubicada en Maracaibo, la cual viene afectando el normal desarrollo de producción y en la que se vinculan actores pertenecientes a la estructura de PETROZAMORA.
Asimismo, dicha problemática ha traído consigo pérdidas millonarias para el Estado venezolano y que deterioran la imagen del Gobierno Nacional en materia de acuerdos económicos internacionales. Adicionalmente a esto se tiene información de acuerdo a la denuncia, que en Puerto Miranda existe una actividad clandestina presuntamente de contrabando, donde se fuga específicamente petróleo crudo a las Islas del Caribe e involucra a una empresa mixta de nombre BARIPETROL junto con personal de PDVSA que se encarga de operar dicho puerto.
CRONOLOGÍA DE EVENTOS DENUNCIADAS POR LA PARTE RUSA DE LA EMPRESA MIXTA
Situación crítica en cuanto al suministro de gas, que trae consigo una disminución en la producción de crudo en los campos Lagunillas Tierra  y Bachaquero Tierra. Es importante resaltar, que a partir del 2015 el suministro de gas por parte de Manejo y Medición de Gas de la Gerencia de Operación Integral de Plantas de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente (GOIP DEPO), se redujo de manera drástica y sin explicaciones válidas afectando significativamente la producción.
 Incumplimiento de acuerdos (tardía transferencia de los Patios de Tanques a PETROZAMORA).
Manejo irregular del Complejo Patio Tanque que denotan comportamientos asociados al sabotaje.
Disminución permanente del suministro de gas que garantizan la operatividad y por ende afectan la producción.
PETROZAMORA cumplió el requerimiento de PCP, en cuanto a la entrega de cuarenta (40) vehículos (tipo pick up), para efectuar patrullajes y reducir el índice de robos, sin embargo, más de la mitad están siendo utilizados fuera del ámbito de la empresa.
Los índices de robo se han incrementado durante 2017, trayendo consigo pérdidas de decenas de millones de dólares. Ejemplo de ello, es que sólo en los campos de Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra, entre el 10ABR y el 14ABR del año 2017, fueron hurtados de las instalaciones donde operan sesenta y cinco (65) pozos (contactores, breakers, cables bajantes), conllevando a una merma en la producción de más de tres mil (3.000) barriles diarios.
Implementación de una metodología errónea por parte del Departamento de Seguridad Interna (PCP), a la hora de calificar y evaluar los hurtos, robos y sabotajes. De igual manera, algunos de sus trabajadores se han visto envueltos en episodios ilícitos.
Premeditados retrasos en la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de compresión de gas, lo cual ha repercutido en la baja confiabilidad de los equipos, traduciéndose en paros repetitivos con un alto promedio de producción diferida.
La dirección adjunta de producción ha intervenido operacionalmente en las instalaciones de PETROZAMORA, ordenando el cierre de múltiples de gas (mecanismo de circulación de las tuberías de gas) afectando la producción.
/ El 07AGO17, PETROZAMORA sufrió dos acciones de robo y sabotaje que costaron más de veintiún mil (21.000) barriles diarios, evidenciándose la intencionalidad de ocasionar daños a la estructura eléctrica de los equipos que dan vida al suministro de energía en las estaciones de flujo. Es importante subrayar, que a raíz de este suceso los accionistas rusos solicitaron la averiguación inmediata de los ciudadanos Henry Sánchez, Adolfo Torres y José Manuel Marín.
^ La empresa Tratamiento Químicos", con su presunto gestor Juan Carrillo, es señalada de afectar la producción de PETROZAMORA. Igualmente, poseen el monopolio del negocio de los químicos (por el mecanismo de adjudicación directa, sin pasar por el proceso de licitación como lo exige la ley), seleccionando los proveedores que son calificados para vender a PETROZAMORA a cambio de jugosas comisiones.
En virtud de todas estas irregularidades, en fecha 04 de septiembre de 2017, la Fiscalía 44 de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por razones de necesidad y urgencia solicitó orden de aprehensión contra los ciudadanos: 1) Gustavo José Malavé Buceé, cédula de identidad № V.-3.942.739, Director Ejecutivo de Producción Occidente, Teléfonos: 0416-5613362; 2) Juan Carrillo Martínez cédula de identidad № V.- 8.703.707, Subdirector Producción Occidente, Teléfonos: 0416-6662616; 3) Héctor Roque Ramírez, cédula de identidad № V.-7.844.135, Gerente de Operación Integral de Plantas, Teléfonos: 0416-5670085; 4) Cesar Valera Villarroel, cédula de identidad № V.- 7.874.771, Gerente de Negocio de Producción Occidente, Teléfonos: 0416-5670313; 5) Adolfo Torres Vargas, cédula de identidad № V.- 9.397.212, Gerente General DSI Producción Occidente, Teléfonos: 0416-6619822; 6) Henry Sánchez Mora, V.-16.305.282, Director Ejecutivo DSI Costa Oriental del Lago, Teléfonos: 0416-6615935, 7) JOSÉ MANUEL MARÍN V.-11.147.016, Gerente Regional DSI Occidente, 8) Bernardo Atencio Delgado, cédula de identidad № V.- 5.825.696, Ex Director Adjunto de Producción Occidente y 9) Juan Barreto Ramos, cédula de identidad № V- 14.430.619, Gerente de Operaciones de Producción Occidente.
En esa misma fecha se materializó la aprehensión de los ciudadanos: 1) Gustavo José Malavé Buceé, 2) Juan Carrillo Martínez, 3) Héctor Roque Ramírez, 4) Cesar Valera Villarroel, 5) Adolfo Torres Vargas, 6) Henry Sánchez Mora, 7) José Manuel Marín, 8) Juan Barreto Ramos.
En este sentido, de acuerdo a las investigaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar:
a)   En PETROZAMORA presuntamente opera una red muy bien estructurada y articulada para: sabotear el funcionamiento de la industria petrolera, retardar el normal funcionamiento de los procesos de la industria, con la finalidad de chantajear y/o extorsionar a la parte rusa de dicha asociación, según denuncia interpuesta por la parte afectada.
b)   De acuerdo a lo antes descrito, se puede inferir la presencia de una estructura delictiva que busca enriquecerse a través de acciones que van en detrimento de la imagen del Estado Venezolano, puesto que el tratamiento en los medios de comunicación no enfatiza en individualidades, sino que por el contrario se enfoca en exaltar el nombre de la estatal petrolera, con la finalidad de robustecer las matrices de opinión que señalan a PDVSA como la herramienta idónea para la corrupción.
c)   La cantidad de sucesos asociados al sabotaje, deja entrever la intencionalidad de ocasionar daños al convenio con Rusia, con el propósito de desestabilizar la economía nacional mediante una ruptura de los acuerdos, motivado al incumplimiento de las garantías exigidas.
Todo lo anteriormente expuesto guarda relación con los hechos investigados en ocasión al evento de fecha 07-08-17, debido a que de acuerdo a las investigaciones llevadas por este despacho fiscal se pudo corroborar que el domingo 07 de agosto, en horas de la madrugada se presentó según lo que reza en los reportes una alarma de intrusos a nivel de la Sub Estaciones Eléctricas: 36M y 37M, después de un par de horas, siendo la hora exacta la 1: 05 horas de la madrugada cuando se recibió por parte de OFIPET (despacho de carga), una alarma de detección de intrusos, después a las 03: 02 horas de la madrugada, se reporta la apertura del interruptor b-205 afectando las Sub Estaciones eléctricas antes mencionadas una vez llegado el personal al sitio, se identificó que al transformador 2 (TX2) de la Sub Estación 36 m, asociado al interruptor b-205, observándose aceite drenado a través de la válvula de servicio y posible daño a nivel de estructura por operación bajo carga sin aceite dieléctrico (esos son transformadores que son gigantes y utilizan aceite para mantenerse operativos, sustrajeron el tapón, lo sacaron, se dreno el aceite, se recalentó el transformador y ocurrió la falla eléctrica), eso trajo como consecuencia una perdida de producción para la empresa mixta Petrozamora de aproximadamente de 25.500 barriles y de 1.192.000 dólares, obviamente hubo pérdidas materiales asociadas al transformador, anteriormente se había identificado también la pérdida de 2.000 metros de cable submarino (serie 8000) de 15kv, por lo que, Petrozamora procedió a nombrar un comité técnico operacional para determinar las causas de lo sucedido en donde se constató la intervención de terceros de manera dolosa y premeditada como causa probable. Igualmente, cuando ocurren fallas del tipo ya reseñada el personal de Petrozamora, dependía de terceros, porque para arrancar manejo de gas tenía que proporcionar gas, la ayuda requerida a la GOIP (gerencia de operación integral de planta), no fue atendida de manera oportuna y asertiva por parte del gerente Héctor Roque, en el tiempo requerido. Asimismo la gerencia de seguridad industrial no ha cumplido con su función de garantizar la custodia, protección y vigilancia de las instalaciones de la industria petrolera como las subestaciones eléctricas afectadas por un lapso de dos años, situación que no fue atendida de manera eficaz y resolutoria por parte de la junta directiva de PDVSA occidente.
En fecha 06 de septiembre de 2017, se presentó y colocó a disposición del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, a los ciudadanos 1) Gustavo José Malavé Buceé, 2) Juan Carrillo Martínez, 3) Héctor Roque Ramírez, 4) Cesar Valera Villarroel, 5) Adolfo Torres Vargas, 6) Henry Sánchez Mora, 7) José Manuel Marín, 8) Juan Barreto Ramos, realizando la imputación de los siguientes delitos: 1.- TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 2.- ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 3.- OBSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMERCIO, previsto y sancionado en el artículo 50 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 4.- DAÑOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, previsto y sancionado en el artículo 360 del Código Penal. 5.- PECULADO DOLOSO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley contra la Corrupción. 6.- PECULADO DE USO, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, solicitando la representación fiscal la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles, bloque inmovilización de cuentas bancarias, de conformidad con los artículos 55 y 56 de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo siendo todo ello acordado por la Juzgadora. ” (Resaltado y subrayado del original). (Folios 5 al 10 del expediente).





DE LA SOLICITUD

El solicitante planteó la radicación en los términos siguientes:

“… La excepción que se requiere al principio ´fórum delicti comissi´ en el presente proceso y que se estima imperiosa, a través de la RADICACIÓN, está vinculada a la necesidad de garantizar que los Juzgadores se vean afectados por factores exógenos que les impida desarrollar su labor de juzgamiento en condiciones adecuadas, sin que la presión generada por la alarma que se genera en un hecho grave, cometido por funcionarios públicos, en agravio del patrimonio pública, ya que lo contrario sería colocar en riesgo la recta y adecuada administración de justicia, siendo evidente en el caso que nos ocupa que se encuentran llenos los extremos lo extremos legales para su procedencia, tal como se indica a continuación:

Suspensión del Lapso de Impugnación al ser Revocado el Defensor.

De acuerdo al modelo de juzgamiento penal venezolano, el imputado, como uno de los principales protagonista de proceso, es titular de derechos fundamentales cuya protección se centra en su efectivo ejercicio para encarar el ius puniendi estatal. El debido proceso, y en particular, el derecho a la defensa, suponen que aquél tiene que conocer la existencia de la investigación incoada en su contra (ver SSC N° 256 del 14/02/2002). Es por ello, que debe citarse a quienes en su contra se inicie una investigación penal para que puedan ejercer su defensa  material y técnica, todo lo cual presupone la existencia de elementos de convicción en su especie fuentes de pruebas que generen un estado de convicción iuris tantum o de probabilidad  acerca de los extremos de la imputación delictiva, es decir, elementos que acrediten la existencia del delito (primer estadio de la imputación delictiva) y elementos que comprometan la responsabilidad de determinada persona en la comisión de ese hecho punible (segundo estadio o nexo causal). Por lo tanto, el Ministerio Público una vez que lo ha identificado, debe luego notificarle los hechos investigados, para que proceda a designar un defensor de su confianza, que en caso de que sea privado, deberá como formalidad esencial para la validez del acto, prestar juramentación de ley ante el Juez de Control, lo cual es garantía del sistema acusatorio, del debido proceso y del principio de seguridad jurídica, toda vez que la instructiva de cargos confiere facultades y derechos constitucionales y procesales.
Para Binder, el Defensor Técnico, público o privado, es el pivote central del proceso penal y es Él, primero que nadie, quien debe manejar con absoluto dominio la teoría general del delito y el derecho procesal penal. Al respecto señala:
“…La figura del defensor constituye un elemento muy especial con características muy definidas dentro del conjunto de los operadores o protagonistas del sistema judicial, pues es quien se manifiesta mas claramente la ruptura de barreras entre el Derecho Penal y el Derechos Procesal Penal, al estar obligado a manejar ambos saberes, con el mejor nivel que este a su alcance…”. (BINDER, Alberto. La Dogmática Penal en el Trabajo Cotidiano de los Defensores, en Justicia Penal y Estado de Derecho. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, Argentina, p. 26).
Consecuencialmente, se advierte que el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (CRBV, 1999) dispone lo siguiente:
“El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”.
A su vez, el artículo 12 de la ley adjetiva penal, establece que:
“La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Corresponde a los jueces y juezas garantizarlo sin preferencias ni desigualdades…”.
Y además, del artículo 139 del Código Órgano Procesal Penal (COPP, 2012) se desprende lo siguiente:
“El imputado o imputada tiene derecho a nombrará un abogado o abogada de su confianza como defensor o defensora. Si no lo hace, el Juez o Jueza le designara un defensor público o defensora publica desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración. Si prefiere defenderse personalmente, el Juez o Jueza lo permitirá solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. La intervención del defensor o defensora no menoscaba el derecho del imputado o imputada a formular solicitudes y observaciones”.
Lo señalado precedentemente, pone de manifiesto que el derecho a la defensa -del imputado e incluso el de la víctima- es inviolable (al menos en teoría), con lo cual, se le tiene que garantizar al justiciable la asistencia de un profesional del derecho, que en criterio de quien suscribe estas líneas, debe ser un especialista en derecho penal, que lo represente en el ejercicio de sus intereses, ya que, en la medida en que el poder punitivo estatal se manifieste con mayor rigurosidad, en esa medida, la defensa técnica tendrá que desplegarse con mayor efectividad y eficiencia.
Ahora bien, en relación a la suspensión de los lapsos para ejercer las vías legales ordinarias o extraordinarias de impugnación una vez que el defensor ha sido revocado de su cargo, el artículo 139 arriba citado, no regula nada al respecto, sino que se limita a establecer que el nombramiento del defensor se puede efectuar por cualquier medio, pero sin indicar que exista un lapso de suspensión hasta tanto se juramente el defensor.
Se observa entonces,  que el art. 139 de la norma adjetiva penal, no establece que deba suspenderse el lapso para interponer el recurso de apelación y/o de casación penal, luego de publicada la sentencia del tribunal de juicio o de la Alzada, y haber sido revocado y designado un nuevo “defensor privado”.
Sin embargo, este investigador comparte el criterio sostenido por los tribunales de instancias, entre éstos, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del estado Zulia, Sala N° 2, de fecha 12 de septiembre de 2017, Nro.347-17, publicada en su portal de Facebook por el gran amigo, el Dr. Kelvis Johan Briceño Serrano, (parte de lo cual se reproduce en este artículo), que en casos como el presente, debe suspenderse el lapso de interposición del ejercicio recursivo, hasta tanto la nueva defensa sea juramentada, toda vez que ésta, necesariamente debe enterarse de las actas del proceso para así cumplir fielmente con los deberes que le impone el cargo, además de que el acto de juramentación, no puede ni debe tenerse como una formalidad no esencial, sino lo contrario, como una formalidad impretermitible (esencial), el cual tiene como objeto alcanzar la plenitud de su investidura a los fines de favorecer el ejercicio o la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios, conforme lo ha señalado el constituyente en el artículo 49, ordinal 1°, parte in fine, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), según la cual, “Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”; con lo cual se consagra el derecho a recurrir como regla general.
A título de corolario, los postulados desarrollados en los artículos 126 y 127 ordinales 2° y 3°, 139, 140 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2012), estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley en el lapso más perentorio posible, concluyéndose que si el tribunal de la causa no hace todo lo necesario para que a la brevedad posible tome el juramento, impedirá con tal omisión la interposición de los recursos de ley (ordinario de apelación o extraordinario de casación) en franca violación de los artículos 26, 49, numeral 1 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además del artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se priva al imputado o acusado de anunciar y formalizar cualquier actuación procesal por parte de la defensa designada y por ende se le despoja del Debido Proceso, del Derecho a la Defensa y de la Tutela Judicial efectiva. con lo cual:
MÁXIMA.- La interpretación armónica y sistemática de los artículos 26, 49 numeral 1 y 257 del texto fundamental, concordados con las disposiciones previstas en los artículos 12, 126 y 127 ordinales 2° y 3°, 139, 140 y 141 de la ley adjetiva penal, permiten concluir que  el lapso para interponer el recurso de apelación y/o de casación penal, luego de publicada la sentencia del tribunal de juicio o de la Alzada y haber sido revocado y designado un nuevo defensor, “TIENE” necesariamente que suspenderse hasta tanto sea juramentada la nueva defensa técnica.
Por Abog. Roger López - www.actualidadpenal.net

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