La pena de muerte

LA PENA CAPITAL EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Origen y abolición: Desde el principio de la humanidad se aplicó la pena de muerte. Fue en el siglo XIX cuando se empezó su erradicación, como fórmula lógica que se derivaba del concepto humanístico del derecho a la vida, que provenía de la Ilustración y la herencia revolucionaria de la Independencia de los EEUU, la Revolución Francesa y la Independencia de Venezuela, países pioneros en materia de constituciones escritas en los que se consagraban los derechos fundamentales del hombre.

Un récord venezolano: El primer país del mundo en disponer la abolición de la pena de muerte en un texto constitucional fue Venezuela, en 1864. Luego lo hizo San Marino. Posteriormente, Costa Rica, también la eliminó. En el Siglo XX, 67 países la han abolido, especialmente, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. La Carta Europea de los Derechos Humanos de finales del siglo pasado erradicó para siempre dicha pena de Europa. Es de esperar que el Siglo XXI se caracterice por la total erradicación de la pena de muerte de la faz de la tierra, a pesar de la oposición de países musulmanes, del Caribe y de corte fundamentalista o comunista.

El estado de Illinois se convirtió en el estado N° 16 de Estados Unidos en abolir la pena de muerte, a los que se debe añadir el Distrito de Columbia, que alberga la capital del país. Además, en otros seis estados, entre ellos California, existe una moratoria que impide la ejecución de los reos condenados a muerte, por lo que existe una abolición de carácter temporal. La mayoría de estados sin pena capital se encuentran en el Noreste o en el Medio Oeste del país, y son más bien de tradición política progresista, como Massachusetts, Rhode Island o Vermont. Sin embargo, en la lista también existen algunos estados con una tradición política reciente más bien conservadora, como Dakota del Norte o Alaska. En cambio, en las regiones del Oeste y del Sur del país, sólo Nuevo México ha abolido la pena capital.

¿PERO, QUÉ SON LAS PENAS?

Definición: Las penas son una de las respuestas del Estado frente a las infracciones a las prohibiciones que establecen las leyes. Son ellas la expresión de la máxima violencia posible en un Estado de Derecho. Sólo el Estado puede imponerlas, previo un juicio objetivo, realizado por jueces imparciales, autónomos e independientes. El derecho penal moderno no considera las penas como un castigo, solamente. Se trata de sanciones legales aplicadas exclusivamente por el Estado, con el deliberado propósito de impedir nuevos hechos delictivos.

Principio de legalidad: El principio de legalidad penal exige que las penas deben estar claramente establecidas en leyes previas, conocidas por todos, donde se tipifican los delitos de forma pública, escrita y estricta (nulla poena, nullum crimen, nulla mensura sine lege praevia, escripta, publica, stricta et certa).

Máxima violencia permitida: La pena es un mal que se aplica a quien ha violado la ley penal. Se admite técnicamente que es un mal necesario, permitido por la ley. También es ampliamente sabido que su uso puede conducir al abuso, lo cual es un hecho notorio constatable en la historia de las cárceles de Venezuela y el mundo. Dado que se trata de la máxima violencia posible permitida al Estado por la ley, es importante recalcar que las penas no pueden ni deben aplicarse sino en su mínima expresión, es decir, que las penas sean cada vez menores en las leyes y en su aplicación.

Funciones de las penas: Para que las penas cumplan con la función ejemplarizante que se les asigna, de tipo preventivo y de rehabilitación, es menester que sean oportunas e inmediatas al hecho cometido. Esa es la condición indiscutible de la eficacia de su función y propósito. Un sistema penal es eficiente, cuando aplica las penas legales de forma contingente y proporcionada al delito que se sanciona. La justicia tardía es una injusticia. Igual lo es la desproporción y la venganza.

Más allá de la diversidad geográfica en esta materia, existe una clara tendencia histórica hacia la introducción de restricciones a la aplicación de la pena de muerte, así como una caída en su apoyo en las encuestas de alcance nacional. Esta tendencia puede estar relacionada en que, en los últimos años, se ha podido demostrar gracias a las pruebas de ADN la inocencia de varias personas en el corredor de la muerte

LA PENA CAPITAL EN VENEZUELA

La pena capital se abolió para los delitos políticos en la Constitución de 1857 (art. 98). Este mismo texto prohibió la aplicación de penas crueles e infamantes (art. 109). Lo más importante de esta Constitución fue la abolición de la esclavitud (art. 99).

El derecho a la vida se estableció expresamente en la constitución de 1864 (art. 14), de la siguiente manera: TÍTULO III Garantía de los venezolanos. Artículo 14: "La Nación garantiza a los venezolanos: 1° La inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital, cualquiera que sea la ley que la establezca". De esta manera, Venezuela se convirtió en el primer país abolicionista de la pena de muerte en el mundo. Tal disposición ha sido repetida con algunas variantes de forma inequívoca durante 19 textos constitucionales, hasta el presente. La Constitución de 1999 es inequívoca al prohibirla, conjuntamente con penas perpetuas, crueles e infamantes.

¿QUÉ PASARÁ CON LA PENA DE MUERTE?

Todavía es temprano para predecir el inicio de la eliminación total de la pena de muerte en los Estado Unidos y los demás países que aun la aplican. La presión internacional de países de Europa y casos pioneros como el de Venezuela, señalan un camino más justo y claro sobre el porvenir. La ONU está planteando la firma de un Tratado Internacional para su eliminación total en el mundo. Igual iniciativa es adelantada por la OEA en toda América.

Ojalá que el propósito de erradicación de la pena de muerte en el mundo sea realizable pronto.

Sobre el retardo procesal penal en los Circuitos Judiciales.

El artículo 26 de la Constitución Venezolana hace una clara referencia a la irregularidad de las dilaciones indebidas en los procesos penales, observamos que en su encabezamiento, dice: "...a obtener con prontitud la decisión correspondiente..." y en su primera parte, a garantizar una justicia... "sin dilaciones indebidas...", es así como se garantiza a los ciudadanos que la justicia será pronta y efectiva.

Nos preguntamos entonces, ¿se cumple este postulado? Obviamente que no. Doctrina­riamente se afirma que justicia retardada no es justicia, se ha mantenido en nosotros el círculo vicioso que persistía en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal de retardo de los expedientes y de las causas en estado de investigación por el Ministerio Público por motivos y fundamentos que ahora están más a la vista de los interesados, de las víctimas y, lógicamente de la opinión pública, precisamente porque se trata de un proceso garantista al permitir una mayor intervención de las partes, lo que demuestra un gran interés general y en especial un mejor control jurisdiccional y administrativo para los funcionarios del Poder Judicial.

Sin embargo, en cuanto al funcionamiento de los tribunales penales y la debida participación del fiscal hemos observado los siguientes problemas:

a) Muy pocos juzgados a nivel nacional en relación con las causas que ingresan a diario.

b) Secretarios sin experiencias, escaso personal de asistentes.

c) El nombramiento de jueces, sean provisorios o temporales, y de fiscales sean principales o auxiliares, sin experiencia, sin especiali­dades en la materia y con poco conocimiento de las fases del proceso y del derecho penal sustantivo.

d) Escasos alguaciles y vehículos para practicar las notificaciones, lo cual genera descontrol y retardo de las mismas.

e) Falta de traslado de los imputados y acusados cuando son requeridos.

f) Serios problemas en relación con los sitios de reclusión o cárceles .

g) El incumplimiento de los Fiscales del Ministerio Público de los lapsos procesales, debido a exceso de trabajo.

h) Gran cantidad de expedientes enviados a los Juzgados de Control con actos conclusivos (excesivas acusaciones y sobreseimientos para pocos Tribunales)

i) Atraso en la realización de Audiencias Preliminares por la excesiva cantidad de actos fijados para el mismo día.

j) Atraso en la realización de los juicios, en donde por cualquier solicitud, motivo o incomparecencia de algunas de la partes, el juicio se difiere llegando a superar los dos años, plazo máximo de la detención.

k) El aspecto físico de las instituciones, donde hay que observar que en la mayoría de los Circuitos son pocas las salas de audiencias para control y para juicio.

l) Finalmente los que es notorio ya por estadísticas y por las opiniones a nivel nacional, que comparando el número de causas y el número de jueces y fiscales es necesaria la creación de más tribunales y fiscalías, ante su insuficiencia.

Estos problemas sumados a otros, los viene enfrentando el país desde hace más de 25 años, lo cual crea impunidad ya que se retardan las audiencias, así los imputados pasan un año detenidos ante el juez de control para poder accesar a la audiencia preliminar, cuando llegan a juicio pasan otro año más esperando constitución del tribunal mixto o del tribunal unipersonal para el juicio oral y público y así llegan al límite máximo de 2 años pautado por la ley, debiendo entonces ser puestos en libertad. He allí uno de los orígenes de la impunidad.

Podemos observar en el ámbito de los países vecinos lo que nos informa el comentarista colombiano Pedro Pablo Camargo, en su obra El Debido Proceso, cuando, al referirse al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza a todo acusado el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, pero la misma constituye letra muerta y de seguida hace referencia al Pacto Internacional de Dere­chos Civiles y Políticos, donde se enuncia el mismo principio, así como al artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, para concluir diciendo que

...Eso de justicia pronta incumplida se viene repitiendo desde la independencia de la Nueva Granada (Colombia) de España. La realidad es que nunca ha habido justicia rápida en la administración de justicia, tal como está estructurada, es una tortuga que no conduce a ningún puerto..

y continua diciendo que en Colombia no hay jus­ticia pronta en ninguna de las jurisdicciones, que en la penal, los procesos son dilatorios y engorro­sos por diversos factores. Así las cosas vemos que el problema del retardo no es sólo en Venezuela.

Observamos así cómo en nuestro país se alaba frecuentemente la buena doctrina y ju­risprudencia del país vecino, sin embargo, ve­mos como él mismo tiene problemas al igual que se producen en Venezuela. Como dice el citado autor, las críticas son las mismas en nues­tros procesos penales, y no queremos hacer mención a los procesos civiles porque son arduamente conocidos por todos los retardos sin entendimiento alguno e inexplicables, bajo la única excusa, dicen jueces, de acumulación de expedientes en sus despachos, por lo tanto ese plazo razonable, llamado también plazos legales o en términos irreales, celeridad en el jui­cio, como concesión para que el juez cum­pla con la celeridad de la justicia penal, no se cumple y caemos en lo inexplicable, en lo injusto, con los graves problemas que ocasiona un retardo, entre éstos problemas, lo probatorio; es notorio que el testigo se olvida de lo que vio, el experto pide información luego de lo practicado, mas generalmente tiene grandes dificultades para regresar o ir al tribunal a explicar la práctica realizada meses y hasta años atrás, además el funcionario policial que debe declarar como tes­tigo informa a sus superiores que fue transferido o fue dado de baja, en fin después de un cierto tiempo ese funcionario policial no concurre al tribunal, es prácticamente imposible localizarlo, luego no hay que olvidar que la escena del crimen cambia totalmente y si una inspección se realiza tardíamente, no se obtiene lo que los jueces de­berían observar y las partes debatir y finalmente, la víctima se desinteresa, ya es un dicho popular que luego que una persona denuncia y aun en muchos casos de delitos de acción pública formula una querella o una acu­sación la víctima se desinteresa y tanto es así el desinterés de ella, que son muy pocos los casos donde observamos que solicite indemnización de los daños que le han causado, pudiéramos así afirmar que la acción civil brilla por su ausencia en nuestros procesos penales. No es raro observar cuando un tribunal queda supeditado a una decisión de sobreseimiento porque el querellante particular no se presenta, la víctima se desinteresa, el fiscal superior al operar legalmente no entiende que se debe acusar así, el tribunal queda vinculado a esa decisión de sobreseimiento porque observa lo innecesario que es ordenar la apertura del juicio oral y público.

En el libro Derecho Jurisdiccional III. Proceso pena de Juan Montero Aroca y otros, este jurista español, procesalista ampliamente conocido, nos dice en general, que el tiempo es algo más que oro, que el tiempo es justicia y en el proceso penal la conclusión se refuerza habida cuenta de los intereses en juego y hace igualmente referencia a los pactos internacionales y a la Constitución española que en forma expresa habla de un proceso sin dilaciones indebidas en su artículo 24.2; pero igualmente en nota nos dice que en estas expresiones internacionalizadas y constitucionalizadas se está diciendo prácticamente lo mismo, esto es "...Que por dilación ha de entenderse incumplimiento de la norma procesal referida al tiempo del proceso...", que para determinar lo que es indebida no debe comprenderse lo que se corresponde con las pautas prácticas de la duración de los procesos, sino a lo establecido en la ley y hace la aclaratoria que no puede justificarse la duración indebida del proceso , si la conducta obedece a la propia parte recurrente, y aclara que en todo caso el volumen de trabajo que pesa sobre un órgano judicial puede excusar la responsabilidad personal del juez, pero la parte sí puede exigir responsabilidad patrimonial o indemnización del Estado, ante el funcionamiento anormal de la administración de justicia, doctrina ratificada por el Tribunal Constitucional de España, pero si en Venezuela acogiéramos esta opinión los demandados por responsabilidades serían innumerables.

La prueba de alcoholemia

 ¿En qué se basa la prueba de alcoholemia? Cuando el Cr (VI) anaranjado, reacciona con alcoholes, se convierte en Cr (III) verde. En este cambio de color se basa la prueba que determina el nivel de alcohol en el aliento (y por tanto, en la sangre), de personas presuntamente intoxicadas (sobre todo para los conductores). Si la prueba es positiva, la ley obliga a un análisis más exacto en sangre u orina; el nivel de alcohol en el aliento es representativo del valor en sangre, ya que el alcohol de la sangre difunde en los pulmones hacia el sistema respiratorio, en una proporción aproximada de 2100:1 (es decir, 2100ml de aliento contienen tanto alcohol como 1 ml de sangre). En la versión más simple de la prueba, se pide a la persona que sople a través de un tubo que contiene K2Cr2O7 y H2SO4 adsorbidos sobre gel sílice (siO2) en polvo, durante 10-20 segundos ( lo que tarda en inflarse un globo de plástico al final del tubo). El alcohol del liento se oxida a ácido acético (etanoico), reacción que se pone de manifiesto por el progresivo cambio de color, de naranja a verde, a lo largo del tubo; si el color verde llega más allá de la mitad del tubo, la concentración de alcohol en sangre ( alcoholemia) se estima mayor del 0,08%. Existen procedimientos de análisis más sofisticados, basados en técnicas espectrofotométricas, o mediante el uso de minicromatógrafos de gases, analizadores electroquímicos o espectrómetros de infrarrojo se ha argumentado que el resultado del análisis del aliento no es fiable, ya que es fácil de obtener "falsos negativos" simplemente  fumando, masticando granos de café, comiendo ajo, o ingiriendo chicle antes de la prueba--> tales afirmaciones son falsas (ya que por ejemplo tanto el café como el tabaco tiene cafeína y nicotina) que son sustancias que más que disminuir la tasa, la pueden aumentar un poco.

Duración de la fase preparatoria

No establece la ley un plazo determinado para que el Ministerio Público dé término a la fase preparatoria del proceso. Únicamente le insta en el artículo 313 del COPP, a que concluya esa fase con la diligencia que el caso requiera, a menos que se haya imputado a una persona la comisión del hecho punible. En este caso, pasados seis (6) meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, dispone el artículo antes citado, el juez deberá oír al Ministerio Público y al imputado y tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso, que no es otra que la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, conforme lo estipula el artículo 13 del COPP. Quedan, sin excepción, excluidas de la aplicación de esta disposición, las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, o contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos, delitos en los cuales no  se puede fijar termino alguno al Ministerio Publico para la presentación de los actos conclusivos, dada la gravedad del  hechos que ofenden a la humanidad entera. Los delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma que crea la Corte International, comprenden el asesinato, exterminio, desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente,  desaparición forzada,  secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimiento o atenten contra la salud mental o física de quien los sufro,  siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este tipo de delito, tal como  el propio Estatuto de Roma lo establece, no solo lo comete un Estado sino también una "organización política"; por tanto aquellos crímenes tales como atentados, secuestros, torturas y asesinatos cometidos por una organización terrorista o guerrillera también  pueden ser encuadrados como crimen de lesa humanidad. Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad.

Del precepto anteriormente indicado se advierte que el Ministerio Publico dispone de un plazo inicial de seis meses para presentar el acto conclusivo, contados a partir de la imputación o de la individualización del imputado. Decimos que el Ministerio Publico dispone de un plazo inicial de seis meses, porque la norma contempla que vencido ese plazo, el imputado o su defensor pueden requerir al Juez de Control la fijación de un plazo prudencial para que el Ministerio Publico presente el acto conclusivo, lo cual da lugar a una incidencia en la cual el juez, previa audiencia del Ministerio Publico y tomando en consideración la gravedad del delito y la complejidad de la investigación y cualquiera otra circunstancia que permita alcanzar la finalidad del proceso, fijara un plazo que no será menor de treinta días ni mayor de ciento veinte, es decir, cuatro meses, para la conclusión de la investigación. No señala la ley que se deba citar a la víctima, pero consideramos que se haya esta o no querellado, tiene derecho a ser notificada de la solicitud, a los fines de que exponga lo que crea conducente en torno a lo pedido. No se establece tampoco el precepto el procedimiento a seguir, razón por la cual el Juez de Control aplicara aquel que considere adecuado a los fines del proceso. La práctica es que se proceda a la notificación de las partes y se fije la celebración de una audiencia oral a la cual deben concurrir el imputado, su defensor, el Fiscal del Ministerio Publico y la víctima, asistida de su abogado, en la cual, previa audiencia de las partes, el Tribunal decidirá lo que estime pertinente.

Normas imperativas de Derecho Internacional

Uno de los efectos importantes de la globalización ha sido la aceleración del proceso de humanización del Derecho Internacional Público, el cual consiste en poner la dignidad humana, tanto individual como colectiva, en el centro de las preocupaciones de este ordenamiento jurídico. En este sentido, una de las categorías jurídicas que han jugado un rol fundamental en esta dinámica evolutiva del Derecho Internacional, han sido las normas de ius cogens o normas imperativas de Derecho Internacional.

Las normas de ius cogens se oponen a las normas de ius dispositivum. Estas últimas aluden a aquellas normas que pueden ser derogadas o modificadas por la sola voluntad de las partes. Esta oposición no hace sino resaltar una característica de los ordenamientos jurídicos contemporáneos y que se refiere a la existencia de un determinado orden público. En este sentido, pensamos que el concepto de ius cogens y las normas que revisten tal carácter han contribuido a fijar y delimitar, tanto en el ámbito interno como internacional, un orden público más protector. Sin lugar a dudas, el terreno de mayor fertilidad para estas normas constitucionales de un orden público internacional común ha sido el de los derechos humanos. Así, Henkin, refiriéndose a las normas sobre derechos humanos, señala que el sistema internacional, habiendo identificado valores humanos contemporáneos, los ha adoptado y ha declarado que constituyen un derecho fundamental. De esta manera, el destacado profesor sugiere que tal(es) derecho(s) es constituyente o constitucional, lo cual alude a la noción de orden público.

Asimismo, Nguyen Quoc Dinh se refiere a las normas de ius cogens y a su consagración en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 23 de mayo de 1969, como las bases constitucionales escritas de la comunidad internacional. La idea de las normas de ius cogens como constituyendo un orden público no es nueva. En efecto, ya en su momento, Georges Scelle hacía referencia a una denominada supralegalidad internacional de aquello que él llamaba "el derecho común internacional", definido, este último, por criterios materiales. Así por ejemplo, el derecho a la vida que se opone a la guerra; la libertad corporal que se opone a la esclavitud; la libertad de circulación, de comercio y de establecimiento que es incompatible con el cierre abusivo de fronteras; las normas que garantizan la libertad colectiva esencial que se traduce por el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (en adelante la CIJ), en su obiter dictum de la decisión de fecha 5 de febrero de 1970, en el asunto de la Barcelona Traction, aludió al concepto de orden público internacional al momento de anunciar la posibilidad de una actio popularis cuando las normas violadas son normas de ius cogens.

En la actualidad, las normas de ius cogens han adquirido una importancia creciente en diferentes esferas del Derecho Internacional Público, extendiéndose, al menos, a materias tan relevantes como las siguientes: el Derecho de los Tratados y su trascendencia como causal de nulidad de los tratados; el Derecho de la Responsabilidad Internacional y la distinción entre violación de una obligación internacional y violación grave de una obligación internacional; y, finalmente, desde nuestro punto de vista, en el área de mayor repercusión del ius cogens, esto es, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, respecto de la eficacia y fuerza obligatoria de estos derechos.

La presunción de inocencia.

La presunción de inocencia es así el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir.

El derecho a la presunción de inocencia constituye un estado jurídico de una persona que se encuentra imputada, debiendo orientar la actuación del tribunal competente, independiente e imparcial preestablecido por ley, mientras tal presunción no se pierda o destruya por la formación de la convicción del órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva, sobre la participación culpable del imputado o acusado en los hechos constitutivos de delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, condenándolo por ello a través de una sentencia firme fundada, congruente y ajustada a las fuentes del derecho vigentes.

Como señala Ferrajoli, "el principio de jurisdiccionalidad ­ al exigir en su sentido lato que no exista culpa sin juicio, y en sentido estricto que no haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y a refutación postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena".

Luigi Lucchini señalará que la presunción de inocencia es un "colorario lógico del fin racional asignado al proceso" y la "primera y fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario" .

Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son "la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal" y "la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda" .

Esta es la tradición humanista que ya encontramos en Ulpiano en su Corpus Juris Civiles, en el cual precisa que "nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable, que condenar a un inocente" , lo que será arrasado por las practicas inquisitivas de la baja Edad Media que se proyectaron hasta los tiempos modernos, donde el imputado era considerado culpable, mientras no desvirtuara las conjeturas de culpabilidad demostrando su inocencia.

En el pensamiento del siglo XVII, Voltaire será quién mas claramente rechazará la práctica de las ordenes de castigar sin oír al inculpado y sin prueba, planteo el juicio oral y público, la asistencia judicial por abogado y el sistema de íntima convicción del juez en la valoración de la prueba.

Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sin embargo será Francesco Carrara, como señala Ferrajoli, el que elevó el principio de inocencia a postulado esencial de la ciencia procesal y a presupuesto de todas las demás garantías del proceso. Carrara sostendrá que la metafísica el derecho penal propiamente dicho está destinada a proteger a los culpables contra los excesos de la autoridad pública; la metafísica del derecho procesal tiene por misión proteger a los ciudadanos inocentes u honrados contra los abusos y los errores de la autoridad. De la presunción de inocencia Carrara hace derivar la carga acusatoria de la prueba, la oportuna intimación de los cargos, la moderación en la custodia preventiva, la crítica imparcial en la apreciación de los indicios.

En términos similares el Marqués de Beccaria, quién tuvo una gran influencia en el medio europeo a través de su texto "Dei Delitti e delle pene", en el cual criticaba la falta de garantías del proceso inquisitivo en que el acusado era tratado como culpable desde el primer momento, debiendo el imputado probar su inocencia.

Es en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 9, que se positiva la presunción de inocencia "Tout homme étant innocent jusqu'a ce qu'il ait été declaré ocupable" (A todo hombre se le presume inocente mientras no haya sido declarado culpable).

Será al término de la Segunda Guerra Mundial que la presunción de inocencia adquirirá estatus de derecho humano en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el cual dispone "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley", norma que será incorporada a l Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Convención Americana de derechos Humanos o pacto de san José de Costa Rica, en su artículo 8, párrafo I, determina:

"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia en cuanto no se compruebe legalmente su culpabilidad".

A su vez, el Código Penal tipo para América Latina, en si número XI establece:

"La persona sometida a proceso penal se presume inocente en cuanto no sea condenada".

Humberto Nogueira Alcalá

El Derecho Procesal Constitucional

1. Concepto

El Derecho Procesal Constitucional es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones.

Comprende la organización y atribuciones de los Tribunales Constitucionales y la forma en que éstos ejercen su jurisdicción al resolver conflictos constitucionales por medio del proceso y con efectos permanentes.

Néstor Pedro Sagüés, uno de los grandes precursores de esta disciplina, en su obra Derecho Procesal Constitucional, nos dice que esta rama del derecho «es principalmente, el derecho de la jurisdicción constitucional, y tiene dos áreas claves: la magistratura constitucional y los procesos constitucionales». Y nos recuerda una expresión de Calamandrei en el sentido de que todas las declaraciones constitucionales son fútiles, si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su funcionamiento real.

Por lo tanto, le corresponde al Derecho Procesal Constitucional la función de aportar al sistema jurídico nacional, los elementos orgánicos y funcionales necesarios y apropiados para que un conflicto constitucional pueda ser decidido por medio de una decisión jurisdiccional, lográndose así la plena vigencia de la Supremacía Constitucional.

La obra de Hans Kelsen Las Garantías de la Jurisdicción Constitucional, escrita en 1928, constituye, en opinión de Carlos Mesía, «el inicio de las formulaciones teóricas del derecho procesal constitucional».

A partir de entonces, esta disciplina surge con fuerza, independizándose decididamente del Derecho Constitucional, cuando en el año 1955, Mauro Cappelletti, publica en Italia su monografía intitulada Jurisdicción Constitucional de la Libertad. Esta obra, en opinión de Héctor Fix-Zamudio, fue aceptada por un sector mayoritario de ambos continentes -Europa y América-, y corresponde en su desarrollo al conjunto de instituciones procesales tutelares de los derechos consagrados constitucionalmente. El trabajo de Cappelletti se complementará, más tarde, con su estudio sobre El control de constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado, publicado, en Milán en 1968.

Al entrar en funcionamiento Tribunales Constitucionales en la mayor parte de las naciones jurídicamente organizadas, se produce un veloz progreso en el desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, el que en las últimas décadas comienza a enseñarse como disciplina autónoma. En el año 1982, la Universidad de Belgrano inauguró un curso de postgrado sobre el Derecho Procesal Constitucional, experiencia que se repite en la Universidad de Chile y en otras universidades latinoamericanas.

Concordante con las ideas expresadas, Luigi Ferrajoli ha calificado su establecimiento como la conquista más importante del derecho contemporáneo para el logro de la protección jurisdiccional de la dignidad de las personas y de los derechos fundamentales frente a la ley, los que no podrían sobrevivir si carecen de una tutela eficaz a través del proceso.

Personalmente, estimo que es correcta la denominación de Derecho Procesal Constitucional, puesto que su contenido se refiere a la competencia jurisdiccional constitucional y al proceso que debe seguirse para decidir sobre las garantías y no a preceptos constitucionales que se encuadran en el marco de la Constitución en forma estática.

El Derecho Procesal Constitucional comprende el desarrollo de las siguientes áreas temáticas:

a) El conflicto constitucional y sus formas de solución; 

b) El Derecho Procesal Constitucional orgánico, y 

c) El Derecho Procesal Constitucional funcional.

En el ámbito descrito, pertenecen al Derecho Procesal Constitucional trascendentes materias del quehacer jurídico, entre las que cabe destacar: la supremacía constitucional; la Justicia Constitucional; los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes, decretos y otros actos públicos; y, el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas.

En síntesis, esta rama del derecho está destinada a proporcionar al país normas eficaces para la protección jurisdiccional de su Constitución.

Las funciones que cumple el Derecho Procesal Constitucional están contenidas y surgen de los elementos de la definición que pasamos a considerar y que pueden resumirse así:

a) Incorpora al Derecho normas destinadas a proporcionar una protección efectiva de la Constitución por medio del proceso jurisdiccional.

En otros términos, cuando surgen conflictos constitucionales y la Norma Básica queda indefensa, le corresponde al Derecho Procesal Constitucional poner a su disposición las herramientas procesales adecuadas, que le permitan recuperar su vigencia real. Siendo así, la solución del conflicto constitucional es el primer gran tema que corresponde a esta rama del Derecho Procesal.

El Derecho Constitucional analiza la Constitución, sus normas y valores, desde un punto de vista más estático. Pero, cuando su preceptiva es violentada y surge un conflicto de intereses de relevancia constitucional que debe ser resuelto, éste escapa del ámbito del Derecho Constitucional, que carece per se del poder indispensable para restablecer la supremacía de la Constitución. Ésta sólo puede obtenerse por medio de una sentencia jurisdiccional. De este modo, cuando el sistema crea tribunales constitucionales con competencia para dar solución al conflicto constitucional, se ingresa, a través del proceso, al ámbito del Derecho Procesal, que pone a disposición de los afectados por la infracción constitucional un tribunal competente e idóneo y las normas funcionales necesarias para tramitarlo y decidirlo en un debido proceso.

Como sostiene Allan Brewer-Carías, el juez constitucional al proteger la Constitución, siempre tiene un deber adicional al juez ordinario: debe defender la Constitución y, en especial, los valores que en un momento dado estuvieron en la base de su creación con miras a «mantenerla viva».

b) El Derecho Procesal Constitucional se pone en movimiento cuando surge el conflicto constitucional que se produce, como más adelante se dirá, cuando la autoridad o los particulares infringen la Constitución, lo que impulsa el ejercicio de su jurisdicción, salvo en los casos en que se exija que dicha violación sea denunciada por un sujeto legitimado al Tribunal Constitucional competente.

La forma que contempla el Derecho Procesal Constitucional para resolver dichos conflictos, es el proceso jurisdiccional, en el cual un tribunal con jurisdicción y competencia aplicará e interpretará la norma constitucional, en el caso concreto, decidiéndolo con su mérito. O sea, aplica la Constitución directamente como norma decisoria litis.

c) El sistema procesal, destinado a dar protección a la Constitución, puede contemplar uno o más Tribunales Constitucionales competentes o dárselos a todos los del sistema común.

El ordenamiento en cada país establecerá el tipo de control jurisdiccional de constitucionalidad que estime más adecuado. Si considera mejor el concentrado, deberá entregarle competencia a un Tribunal Constitucional, a una Sala Constitucional de la Corte Suprema o a un sistema de tribunales con competencia compartida.

En cualquier evento ello implica ampliar el radio de la jurisdicción a la solución de los conflictos constitucionales.

d) El conflicto se traspasará, para su decisión, al sistema de Tribunales Constitucionales a través de una acción, cuyos titulares deben ser precisados y legitimados; se establecerá un procedimiento al cual deberá someterse el proceso, el que terminará con la sentencia decisoria, cuyos efectos siempre serán trascendentes y, en especial, cuando declare la inconstitucionalidad de leyes o decretos.

Analizada su definición, cabe destacar, a continuación, que esta disciplina surge con fuerza e independencia cuando se crean en Europa los Tribunales Constitucionales, a los que se les otorga jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente para decidir conflictos aplicando directamente, como se dijo, la Constitución como normadecisoria litis.

Kelsen, Calamandrei, Cappeletti, Favoreu, Fix-Zamudio, Couture, Pedro Sagüés, Brewer-Carías, Niceto Alcalá Zamora, Rodolfo Pisa, este Profesor y otros en Chile, se encuentran entre los que han proclamado y enseñado el área que hoy se denomina Justicia Constitucional y que es propia, como toda la justicia, del Derecho Procesal.

La nueva dimensión de esta disciplina se encuentra estrechamente vinculada a la consagración del sistema del control concentrado de constitucionalidad, toda vez que los países que han elegido el modelo del control difuso, no requieren más normas que las procesales que ya tienen. Siendo así, en este último caso, el Derecho Procesal interno, con las adecuaciones necesarias, resulta suficiente para obtener el control jurisdiccional de constitucionalidad.

En cambio, en el sistema concentrado se requiere, a lo menos, una normativa que considere los siguientes aspectos:

1) La ampliación del ámbito de la jurisdicción para incluir en su esfera de poder la solución de los conflictos constitucionales que, por producirse en su mayoría entre poderes públicos, por aplicación del principio de separación de funciones, antes, o no tenían solución o se autotutelaban.

Esta confrontación entre la necesidad de instaurar un control jurisdiccional de la Constitución y conservar el principio de la separación de poderes, fue precisamente, lo que llevó a la creación de Tribunales Constitucionales en Europa continental, con la atribución jurisdiccional particular y específica de velar por la constitucionalidad de las leyes, la que no podría atribuirse al orden judicial tradicional, cuya misión, precisamente, es la de aplicar la ley, sin que le sea lícito cuestionarla.

Chile, en la Constitución de 1925, amplió limitadamente el radio de la jurisdicción de los tribunales establecidos, al otorgar a la Corte Suprema la facultad de declarar, en casos concretos y con efectos limitados a las partes del proceso, la inaplicabilidad de una ley por vicio de inconstitucionalidad, y a las Cortes de Apelaciones la facultad de conocer la acción de amparo de garantías personales. Por reforma en el año 1970 se creó el primer Tribunal Constitucional que funcionó con facultades insuficientes hasta 1973.

La Constitución vigente de 1980, lo restableció con una nueva composición y atribuciones, destacándose entre su competencia la que le otorga el control preventivo de las leyes orgánicas constitucionales y de las que interpreten algún precepto de la Constitución; la autoridad para invalidar ciertos decretos inconstitucionales; decidir conflictos que se susciten en la convocatoria a plebiscito; declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los partidos políticos, organizaciones o movimientos que atenten contra la Constitución; resolver las inhabilidades de los parlamentarios o Ministros de Estado, y, finalmente, participar en el proceso de declaración de inhabilidad del Presidente de la República.

No obstante, mantuvo en la competencia de la Corte Suprema la facultad de declarar inaplicable por inconstitucionales a las leyes vigentes, jurisdicción que en virtud de un proyecto de reforma constitucional pendiente de tramitación, se traspasaría próximamente al Tribunal Constitucional.

2) Creación de un Tribunal Constitucional o su equivalente y dictación de las normas orgánicas que regulen su organización, atribuciones y funcionamiento.

3) Establecer la acción, sus presupuestos procesales y procedimientos adecuados para operar su competencia a través de un debido proceso jurisdiccional.

Autor Juan Colombo Campbell

Presidente del Tribunal Constitucional de Chile.

Nueva sentencia sobre legitimación para cobro de honorarios profesionales de abogado

tsj.gov.ve, Sala Constitucional

Se reafirma doctrina sobre acción directa contra la perdidosa

"...Las costas procesales están conformadas por dos rubros: 1) los honorarios de los apoderados de las partes que se benefician con la condenatoria en costas; y 2) los costos del proceso..."
 "...En relación con la legitimación ad causam de los abogados para la incoación de una demanda que pretenda el cobro de honorarios profesionales a la parte que resultó condenada en costas, esta Sala Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades y, sobre el punto, tiene establecido que:
Las costas procesales están conformadas por dos rubros: 1) los honorarios de los apoderados de las partes que se benefician con la condenatoria en costas; y 2) los costos del proceso, los cuales a partir de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 26 la gratuidad de la justicia, y por tanto no son aplicables al proceso las normas sobre arancel judicial señaladas en la Ley de Arancel Judicial, han quedado reducidos básicamente a los emolumentos y honorarios de los auxiliares de justicia que no sean integrantes de cuerpos de funcionarios del Estado, previstos en las leyes como auxiliares de justicia profesionales...."
Por lo regular los costos del proceso en las causas de amparo son mínimos, pero de existir, el juez del amparo en la sentencia los tasará, por mandato del artículo 35 de la Ley de Arancel Judicial, que prevé la tasación en el fallo de los procedimientos orales.
Con respecto a los honorarios de los apoderados (abogados) de la parte gananciosa, los cuales no pueden exceder del treinta por ciento del valor de lo litigado, esta Sala observa que con respecto a la condena en costas en los juicios de amparo, el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable, con la limitación mencionada del treinta por ciento (30%), por lo cual el que obtuvo la condenatoria favorable en costas, puede encontrarse en dos situaciones con respecto al rubro honorarios:
a) Que el accionante no utilice apoderado ni abogado asistente (artículo 23 de la Ley de Abogados), lo que es posible en los juicios de amparo dada la previsión del artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual permite que cualquier persona natural o jurídica interponga el amparo, sin exigir ni siquiera la asistencia de abogado.
Dada la urgencia del amparo, hasta el punto que se permite la instancia verbal (artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), exposición que el juez recoge en acta, y que el proceso no debe detenerse una vez se forme la relación procesal total, la disposición del artículo 4 de la Ley de Abogados no es aplicable, ya que el proceso de amparo no se va a detener por cinco días de despacho, para que el supuesto agraviante nombre dentro de ese plazo un abogado que lo represente.
Por igualdad procesal, si el accionante del amparo que no es abogado, no necesita de la asistencia obligatoria del profesional del derecho, el demandado tampoco tiene tal deber, y el que se defiende solo (como actor o demandado), no puede pretender se le cancelen honorarios de abogados, que no ha utilizado.
Solo si la parte involucrada en el proceso es un abogado, él podrá cobrar honorarios, si resultare con una condena en costas a su favor, ya que a pesar de que desplegó una actividad propia, ella a su vez fue profesional y mientras atendió su asunto, no pudo ejercer la profesión de abogado en otros casos que tuvieron lugar en la misma fecha y hora.
b) Que las partes se hicieron representar o fueron asistidos por abogados. Los honorarios de estos podrán cobrárseles al condenado en costas.
Estos honorarios, que van a ser cobrados a persona ajena a las partes del contrato de prestación de servicios profesionales que existe entre abogado y cliente, no pueden fundarse en dicho contrato, que a tenor del artículo 1166 del Código Civil ni lo beneficia, ni lo perjudica; y la forma de cálculo del monto de esos honorarios es la señalada en los artículos 39 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano de 3 de agosto de 1985. En especial se ponderarán las circunstancias del artículo 40 de dicho Código de Ética, aplicable a cualquier proceso en esta materia, por imperativo del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.
Dada esta estimación fundada en las circunstancias del artículo 40 del Código de Ética Profesional, y siendo las costas propiedad de la parte beneficiada por la condena de su contraparte, considera esta Sala, que el procedimiento para el cobro al perdidoso en el juicio de amparo, no es el establecido en el artículo 23 de la Ley de Abogados, el cual como presupuesto para la intimación de honorarios, sólo exige que se tome en cuenta las anotaciones del valor de la actuación, que haga el abogado al margen de todo escrito o diligencia en que actúe, o la relación de estas actuaciones en diligencia o documento aparte, sin que el artículo 24 de la Ley de Abogados requiera se dé cumplimiento en alguna forma al artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado.
Este procedimiento del artículo 23 de la Ley de Abogados está relacionado con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, con su limitante de que el monto de la condena en costas, por honorarios profesionales, no puede rebasar el treinta por ciento (30%) del valor de la demanda que debe ser estimada por el actor. De allí que por más anotaciones o estimaciones que se hagan por concepto de honorarios, exagerados o no, la suma de los mismos siempre chocará con la valla del treinta por ciento (30%).
Pero en el caso de costas dentro de un proceso no estimable en dinero, esa valla no existe, y por ello el que pretenda el cobro de los honorarios, debe explicar conforme al artículo 40 del Código de Ética citado, las razones que tuvo para estimar esos honorarios, las cuales pueden ser discutidas por el deudor de las costas; y por ello es criterio de esta Sala, que tal cobro no pueda realizarse por el procedimiento de estimación e intimación, previsto en el artículo 23 de la Ley de Abogados, sino mediante una demanda donde el abogado previa conformación auténtica de la parte victoriosa, adaptándose al citado artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado, explica las razones en que funda sus honorarios a fin que ellos puedan serle discutidos, procedimiento este que no lo contemplan los artículos 23 y 24 de la Ley de Abogados.
Por ello, quien pretende el cobro de estas costas del amparo, en base a un escrito circunstanciado sobre la razón de los honorarios y previa aprobación de su cliente, ventilará dicho cobro por el procedimiento establecido en el primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados, a pesar que no se trate del cobro de honorarios por servicios extrajudiciales, el cual reza:
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
El artículo 23 de la Ley de Abogados otorga una acción directa de cobro, en cabeza del abogado contra el condenado en costas, pero no siendo el artículo 23 citado, aplicable al caso, tal acción directa no existe, por lo que hay que acudir a otra vía, siendo la de mayor semejanza con la situación existente, la del primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados”. Sentencia s. C. n.° 320/00
En otro veredicto de esta Sala (n.° 2.296/07) se señaló:
Al no haber casado el fallo recurrido, la Sala Accidental de Casación Penal dejó incólume la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de la parte recurrente en casación, obviando el vicio de incongruencia positiva que había sido denunciado por ésta, fundamentando su decisión en criterios erróneos, como lo son el de que la falta de cualidad puede ser declarada de oficio por el Juez y que los abogados no tienen legitimación ad causam para ejercer una acción directa de cobro de sus honorarios contra la parte condenada en costas, lo cual juzga esta Sala contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Cfr. s.s.C. Nº 708/2001, del 10.05, caso: Juan Adolfo Guevara y otros) por lo que es procedente la revisión solicitada por infracción de normas constitucionales.
En efecto, el artículo 23 de la Ley de Abogados establece:
“...Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley...”. (Resaltado añadido)
Por su parte el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados dispone:
“...a los efectos del artículo 23 de la Ley se entenderá por obligado, la parte condenada en costas...”
De las normas transcritas se colige que los abogados tienen legitimación ad causam o cualidad para ejercer una acción directa para el cobro de honorarios a la parte perdidosa condenada en costas, lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia de forma casi pacífica y reiterada. Así, en sentencia del 15 de diciembre de 1994, dictada en el juicio de Jesús Alfredo Moreno La Cruz contra C.A. Electricidad de Caracas, expediente N° 93-672, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, ratificada en sentencia de esa misma Sala RC-00282 de 31 de mayo de 2005, caso: José Leonardo Chirinos Goitía contra Seguros Canaima, C.A., expediente Nº 03-1040, estableció lo siguiente:
“...Expresa el artículo 23 de la Ley de Abogados:
“...Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley...”.
La disposición transcrita establece, como regla general, que las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios y estatuye una excepción que otorga al abogado acción personal y directa contra el condenado en costas, para hacer efectivo el derecho a ser retribuido por la prestación de sus servicios.
En el pasado se sostuvo que la condena en costas sólo obra efectos a favor de la contraparte vencedora, y el abogado de la parte gananciosa no podrá por sus propios derechos intimar a la vencida al pago de sus honorarios. (Cf. Armiño Borjas, Comentarios... Tomo II, pág.148).
Dicho sistema dificultaba al profesional el cobro de los honorarios, por lo cual la ley acordó, por vía de excepción, otorgar acción directa al abogado, para estimar e intimar sus honorarios al condenado en costas con los límites establecidos por el Código de Procedimiento Civil. Dicha acción no excluye la regla general antes transcrita que constituye a la parte victoriosa en acreedor de las costas, y por tanto le permite intimar su pago, incluido en éste los honorarios de abogados, sin que sea menester la demostración del previo pago a los profesionales que intervinieron representándolo o asistiéndolo, como sostiene el formalizante, pues la Ley no lo obliga a ello, y el uso del verbo en tiempo futuro –pagará los honorarios, dice la Ley- no permite excluir la posibilidad de que la parte victoriosa pague los honorarios luego de cobrar las costas...”. (Resaltado de la Sala).
En el mismo sentido se pronunció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 446/2000, del 09.11, caso: Carlos Mosquera Abelairas contra María Amparo Andión de Trovisco, en la que estableció:
“Las disposiciones de la Ley de abogados y su Reglamento, de acuerdo a las cuales las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores, pudiendo el abogado estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, quien no es otro que el condenado en costas, no excluye la posibilidad de que el profesional del derecho pueda cobrar honorarios a su cliente por las actuaciones judiciales en un juicio donde éste haya resultado victorioso; es decir, el abogado puede directamente estimar e intimar al condenado en costas o a su cliente, a su elección”. (Resaltado añadido)
La legitimación ad causam de los abogados para el ejercicio de la acción directa del cobro de sus honorarios a la parte condenada en costas con base en el artículo 23 de la Ley de Abogados también ha sido reconocida por esta Sala Constitucional, entre otras, en sentencia Nº 320/2000, del 04.05, caso: C.A. Seguros La Occidental, en la que sin embargo se hizo la salvedad de que en materia de amparo tal acción directa no existe, no siendo aplicable el referido artículo, de manera que el abogado requiere la previa aprobación del cliente para ventilar el cobro por el procedimiento establecido en el primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados, a pesar que no se trate del cobro de honorarios por servicios extrajudiciales.
Más recientemente, y de manera categórica, la Sala, en veredicto n.° 1193/08, señaló:
El derecho constitucional de acción, además de que es uno solo, es general y abstracto, pues está dirigido a toda persona para la defensa de sus propios derechos e intereses, y se concreta mediante la infinidad de pretensiones que son establecidas legalmente, que se propongan para hacerlas valer ante la jurisdicción. Es por ello que Luis Loreto sostuvo que la cualidad “expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción; y de identidad lógica entre la persona del demandado, concretamente considerada, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción” (op.cit.).
Desde luego que quien afirme la titularidad de un derecho o interés jurídico deberá demostrarlo, durante el proceso (cuestión de mérito o fondo del asunto debatido), lo cual escapa al estudio de la legitimación a la causa (ad causam) que, en este instante, ocupa la atención de esta Sala, pues, como se observa, el texto constitucional se refiere a la tutela de los propios derechos e intereses. No obstante lo anterior, es importante la aclaración de que aún cuando la Constitución reconoce el derecho de acción o acceso a la jurisdicción para la defensa de los derechos e intereses propios, no es óbice para que el legislador ordinario, de forma excepcional, conceda legitimación a la causa a quien no sea titular del derecho subjetivo, para que lo haga valer jurisdiccionalmente en su propio interés.
Efectivamente, aun cuando el texto del artículo constitucional que fue trascrito, se insiste, recoge el derecho constitucional a la acción y, por ende, a la jurisdicción, para la defensa o tutela jurisdiccional de los derechos de quien peticiona dicha tutela, para lo cual con la sola afirmación de dicha titularidad (legitimación), excepcionalmente, la ley otorga legitimación ad causam para que se haga valer, en nombre e interés propio, un derecho ajeno, situación esta que en doctrina se denomina sustitución procesal (distinta de la sucesión de parte, en la que sí se sustituye al titular del derecho). Un claro ejemplo de esta legitimación anómala o extraordinaria la encontramos en la acción oblicua o subrogatoria (ex artículo 1.278 del C.C.), pero, debe insistirse en que, para esos casos de sustitución procesal, es necesaria una expresa habilitación legal (ex artículo 140 del Código de Procedimiento Civil).
En la hipótesis bajo examen, no estamos en presencia de una sustitución procesal, por cuanto en estos asuntos la Ley otorga al abogado de la contraparte totalmente vencida y condenada en costas una pretensión directa para la estimación y cobro de sus honorarios profesionales, es decir, que legalmente se le habilita para que haga valer, en su nombre e interés, su derecho propio contra un sujeto con el cual no lo une la relación jurídica sustancial que nace del contrato entre el profesional y su cliente, sino que es de la ley de donde surge el derecho que reclama; con lo cual se está ante una obligación legal que le otorga cualidad al abogado accionante que se encuentre en ese supuesto fáctico, para la estimación y cobro de sus honorarios profesionales.
En efecto, el artículo 23 de la Ley de Abogados dispone, a este respecto, lo siguiente:
Las costas pertenecen a la parte quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley (Resaltado añadido).
Por su parte el artículo 24 del Reglamento de la mencionada Ley de Abogados establece:
A los efectos del artículo 23 de la Ley se entenderá por obligado, la parte condenada en costas (Resaltado añadido).
Del análisis concatenado de las dos disposiciones anteriores se deduce claramente que, como ya se señaló, la Ley de Abogados atribuyó a los profesionales del Derecho una pretensión directa para el cobro de sus honorarios profesionales que sean causados por sus actividades en el desarrollo de un proceso (judicial), contra la parte que resulte vencida y condenada al pago de las costas; es decir, a la parte contraria a su patrocinado que hubiese sido totalmente derrotada en un juicio. Nótese que la pretensión es para el cobro directo de los honorarios profesionales, no para el cobro de la totalidad de las costas de la cual forman parte aquéllos, pues, en ese caso, si carecerían de legitimación ad causam o cualidad.(...)
"....esta Sala verifica que la Sala Político-Administrativa incurrió en desconocimiento de la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional en relación con la legitimación que tienen los abogados que hayan actuado en juicio para que demanden a la contraparte que hubiese sido condenada en ese juicio, todo ello, conforme con lo que preceptúa el artículo 23 de la Ley de Abogados.
En el caso de autos, en la propia decisión objeto de revisión, quedó claro que: i) que los abogados Harry James Olivero y Olivetta Claut Sist, quienes demandaron el cobro de honorarios profesionales, recibieron poder de FOGADE y Banco de Venezuela S.A.C.A. para que los representara en la demanda que, en su contra, incoaron los ciudadanos José Álvarez Stelling, Carlos Ernesto Stelling y Jesús Ramón Quintero, ii) que los ciudadanos José Álvarez Stelling, Carlos Ernesto Stelling y Jesús Ramón Quintero resultaron condenados al pago de las costas, según fallo de la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia del 20 de enero de 2000; y iii) que los abogados Harry James Olivero y Olivetta Claut Sist estaban vinculados con el bufete Rodríguez Machado, con el cual FOGADE y Banco de Venezuela S.A.C.A. suscribieron contrato de servicios profesionales.
Además, se observa que es incorrecta la afirmación de la Sala Político-Administrativa de esta máxima instancia judicial en relación con la imposibilidad de los abogados para que demanden el cobro de sus honorarios profesionales, pues la legitimación está en cabeza del escritorio jurídico para el cual prestan sus servicios.
En efecto, en lo tocante a ese punto, debe distinguirse entre i) la legitimación ad causam; y ii) el convenio interna corporis de los abogados y el escritorio jurídico.
i)   Ciertamente, no hay duda de que quien tiene la legitimación para la demanda por cobro de honorarios profesionales es la persona natural profesional del Derecho que actuó en juicio, pues la Ley de Abogados regula “la profesión de abogado”. En ese orden de ideas, el abogado es la persona que recibió el título que lo acredita como tal, en contraste con el escritorio jurídico que no forma parte del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Abogados, por la lógica razón de que no es, ni puede ser, abogado.
Si se aceptase como cierto el razonamiento de la sentencia objeto de revisión, se establecería que una persona que no es abogado es quien está habilitada para la incoación de una demanda con la pretensión de cobro de un dinero por concepto de honorarios profesionales que, a su vez, supone la actuación en juicio de abogados.
ii) El otro tema que debe analizarse, para que no se preste a confusión, es el hecho cierto de que los escritorios jurídicos, bajo distintas formas de asociación, reúnen a grupos de abogados que prestan un servicio profesional y ocupan distintas funciones y niveles de jerarquía o decisión en el bufete. Constituye un asunto interno de cada escritorio jurídico, el reparto del dinero que sus abogados obtengan por la prestación de los servicios profesionales de abogacía, así como de los gastos en que incurran para su funcionamiento.
En lo que atañe al acto jurisdiccional que se sometió a revisión, y desde un punto de vista procesal, la Sala reitera su doctrina pacífica de que el abogado que actuó en juicio sí tiene legitimación a la causa en la demanda por cobro de honorarios profesionales, indistintamente de si la relación que éste mantenga con el escritorio jurídico al que pertenezca sea laboral, de servicios profesionales o como asociado, socio o cualquier otra, lo cual es ajeno al tema estrictamente procesal de la legitimación en juicio.
En conclusión, para el mantenimiento de la uniformidad de la interpretación del derecho constitucional a la tutela judicial eficaz, esta Sala Constitucional declara que ha lugar a la revisión y, en consecuencia, anula la sentencia n.° 00768 que dictó, el 28 de julio de 2010, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual deberá dictar un nuevo veredicto con acatamiento a la presente decisión. Así se decide.
En lo que respecta a los efectos de una decisión de revisión, la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone en su artículo 35:
Efectos de la revisión
Artículo 35. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer de la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada.
En el caso de autos, la Sala reenviará la controversia a la Sala Político-Administrativa porque no están presentes las circunstancias que, según la norma que se transcribió, le permitirían resolverla, ya que corresponde a aquella juzgadora el juzgamiento acerca de la procedencia o no de la demanda por cobro de honorarios profesionales, razón por la cual se repone la causa al estado de que esa Sala dicte nuevo veredicto, con sujeción a lo que se dispone en este fallo. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR a la solicitud de revisión que plantearon los abogados Harry d. james olivero y olivetta claut sist respecto a la sentencia n.° 00768 que dictó, el 28 de julio de 2010, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, SE ANULA el veredicto y REPONE la causa al estado en que la Sala Político Administrativa pronuncie nuevo fallo con sujeción al criterio que se estableció en este acto jurisdiccional.
Publíquese, regístrese y remítase a la Sala Político-Administrativa copia certificada de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,    a los 26 días del mes de noviembre de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación..."

Jennifer: La muerte de un ego abandonado a su suerte

Para quien no sabe cómo funciona el ciclo de la Violencia Doméstica y cómo interactúan las diferentes partes involucradas en un macabro escenario cómo el que rodea la muerte de Jennifer Viera de Valero, podría ser muy fácil concluir que solo ella fue la culpable del fatal desenlace que acabó con su vida, pero para quienes hemos dedicado años a este estudio, esta dolorosa realidad nos estremece hasta causarnos el contradictorio sentimiento de no querer -a veces- saber lo que sabemos. Sobrevivo guiada por la enseñanza cristiana que establece que a aquél que no comparte lo que sabe, le será contado como pecado de avaricia y por eso, opto de inmediato por la alternativa de respirar tan profundo como sea necesario para habilitarme emocionalmente, ya que de otra manera no podría ayudar a quienes me necesitan y me piden que me pronuncie ante esta situación.

Tres semanas antes de su asesinato, Jennifer había estado recluida en un hospital a causa de las lesiones graves causadas por su esposo y que arrojaron el resultado de la fractura de una costilla y la perforación de un pulmón. Este penúltimo incidente no habría sido más que un nuevo capítulo en su historia de 10 años como mujer abusada. Sí, exactamente el mismo tiempo que había dedicado su asesino al consumo consuetudinario de alcohol y drogas. Justo en el momento en que ella estaba siendo interrogada por una funcionaria policial y atendida por su médico, el perpetrador entró al centro hospitalario y arremetió contra todos ellos de la única manera como sabía hacerlo: Con violencia desmedida. Esto le valió al boxeador Edwin “Inca” Valero un señalamiento que motivó su privación de libertad pero lamentablemente después de esa última decisión, el futuro de Jennifer quedó inevitablemente oscurecido por la incompetencia de los que paradójicamente estaban recibiendo un sueldo para ayudarla como a otras víctimas de la Violencia Doméstica o de Género como algunos prefieren llamarla.

Al analizar el historial de Violencia Doméstica sobre los hechos graves perpetrados por Valero en contra de su madre, su hermana y su esposa además de la forma cómo fueron tratados por los profesionales en las instituciones encargadas de velar por la protección de la hoy occisa, no me queda la menor duda: Edwin contó con un indignante espaldarazo institucional. Qué o quién hizo que la juez lo dejara libre después de estar convencida que ponerlo en la cárcel era la medida más idónea para proteger a las víctimas de este criminal…Qué o quién hizo que sustituyera esta decisión por una orden de alejamiento que a todas luces, él no iba a respetar…Quién ordenó una desintoxicación express dándole el alta a un paciente con una vasta historia de consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas que clamaba su aseguramiento en un centro especializado? Quién se concentró en una supuesta rehabilitación del abusador y dejó a Jennifer a la deriva emocional? 

Por lo que dice su familia, Jennifer estuvo unida a su verdugo durante una década, lo cual hace obvio el hecho de que solo tenía 14 cuando él la sedujo hasta hacerla su mujer. Una década de unión marital abusiva con una bestia que celebró la ocasión dándole una tanda de golpes hasta obligarla a inhalar cocaína. Justo la misma década desde que el ídolo de su asesino llegó al poder valiéndose de la promesa del rescate de la niñez abandonada. Jennifer no llegó a educarse para saber que la vida no era el precio a pagar a cambio de tener una familia unida. Jennifer no supo que cuando una mujer es victimizada, el o la especialista que la trate debe jugar el papel de su ego para pensar y actuar por ella y en consecuencia, guiarla hasta que salve su vida y la de los que ame. Por desgracia, ya es demasiado tarde y sus niñas no tendrán otra opción que no sea la de quedar marcadas con la misma tinta indeleble con que el asesino de su madre se tatuó un ego en el pecho y que también murió cuando lo ahorcó desde el techo de su celda.

NOTA: Para los que ya adquirieron mi libro VIOLENCA DOMÉSTICA A  LA LATINA y para los que aún no lo han hecho tengan presente que en el Capítulo II está narrada la historia de una "Jennifer" que fue mi cliente hace unos pocos años.Al igual que a Edwin "Inca" Valero, a su agresor se le consideraba una gloria del deporte y también terminó suicidándose.La gran diferencia es que después de una acertada intervención profesional, hoy mi "Jennifer" está viva, feliz y más cerca de Dios que nunca. VIVA LA MUJER...VIVA LA VIDA!!! -
Autora: Dra. Belitza Contreras: http://www.belitzacontreras.com

La dinámica del ciclo de la Violencia Doméstica

"Cuando el agresor arma la trampa de una reconciliación y la víctima no acepta sus proposiciones sino que se aleja de él y le da continuidad al proceso legal en su contra, es casi seguro que él por sí solo se moverá para iniciar un nuevo ciclo de violencia que tendrá la particularidad de que su diámetro de acción será mayor que el anterior. Esto significa que el agresor se va a mover en forma espiral expandiendo su radio de acción. Ya el conflicto dejaría los límites físicos del hogar para concentrarse en una presión psicológica contra la víctima por su relación con el mundo exterior, como aquí se ejemplariza:

1. En la fase inicial el agresor piensa, calcula y estudia un nuevo plan de ataque a la víctima. Es natural pensar que en esa etapa, la víctima se encuentre muy afectada por el miedo a que al volver con él, el agresor le haga algo peor que lo que ya hizo o de lo que podría pasar si no regresa con él. Ante la difícil disyuntiva de debatirse entre las que cree son solo dos opciones para escoger, la víctima muchas veces prefiere la mala conocida (volver con el agresor) que no siempre es mejor que la que cree mala por conocer (permanecer lejos del agresor). (Fase potencial).

2. Cuando al agresor no le es posible o no se atreve a ubicar a la víctima, entonces suele drenar su agresividad mediante el uso de amenazas en mensajes de voz o de texto; la destrucción de bienes muebles o inmuebles; el alejamiento de los hijos y la privación de medios económicos o lo más usado: el desprestigio personal y/o profesional, etc. (Fase del despliegue).

3. El agresor puede pensar que los nuevos hechos violentos también pueden justificarse. Por ej. Si él fue quien le consiguió el trabajo a la víctima, también puede conseguir que la despidan; si él compró los muebles o la ropa con su dinero, tiene derecho a quemarlos; si ella tiene amistades es porque él se las presentó y le es lógico pensar que pueda alejarla de ellos ; si ella es socialmente respetada, es gracias a él y puede también hacer que la desprecien; si él es quien mantiene económicamente a los hijos o tiene más educación formal que ella, es justo que sea con él con quien deban vivir. (Fase de la negación).

4. El agresor puede volver a: Pedir perdón por sus conductas recientes (acostumbra a obviar las pasadas); prometer erradicar su conducta violenta; brindar regalos más costosos que los que dio la primera vez; ofrecer hablar con el sacerdote que lo casó con la víctima; anunciar que se convertirá al cristianismo; intentar descifrar sueños o mensajes de brujos y adivinadores; rociar la casa con agua bendita, etc. (Fase de la reconciliación).

El perdón incondicional

El agresor puede dar la vuelta en ciclos sucesivos tantas veces como las circunstancias descritas se lo permitan. Si la víctima lo perdona en un subsiguiente ciclo de violencia (donde el agresor se ha movido solo), además de los daños físicos, emocionales, psicológicos y patrimoniales, podría tener que cargar con uno adicional que es el moral..."

(Esta edición de Agenda Familiar se hizo el 8 de Julio/2010en base a este extracto del libro VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA LATINA)

Autora: Dra. Belitza Contreras. (http://www.belitzacontreras.com)

Los abusadores domésticos

En su afán por entender el origen de la conducta violenta de algún miembro de su familia, mucha gente se pregunta: ¿De dónde vienen los abusadores domésticos? La sola pregunta hace pensar en que tratan de encontrar la respuesta en un lugar tan lejano como pudiera ser un planeta diferente a éste en el que vivimos. Sin embargo, para despejar la incógnita no hay que hacer más que hurgar dentro del pasado infantil de quien hoy se expresa con violencia.

En general, la Violencia Doméstica es el producto de una conducta aprendida. En la mayoría de los casos, los violentos son seres que fueron abusados cuando niños y por eso aprendieron que actuar con violencia no solo es una forma válida de comunicación sino un medio útil cuando se trata de obtener un resultado en el menor tiempo posible. Es bueno aclarar que no solo se aprende por acción sino también por omisión. Es decir, que se aprende a ser violento cuando consuetudinariamente se es amenazado, maltratado o sometido pero también cuando la crianza es extremadamente permisiva. Valga decir, cuando se cría a un niño sin hacer la menor resistencia a sus caprichos, cuando siempre se le da la razón, cuando es apoyado aun en sus actitudes más extravagantes o injustas.

Según estudios clínicos, solo un 4% de los abusadores domésticos (incluso los que han cometido homicidio en contra de su pareja o hijos) padece de alguna enfermedad de índole psiquiátrica. El resto, es decir, un 96 % está mentalmente sano, por lo que su conducta violenta obedece a su formación conductual. Esta realidad se convalida con las estadísticas que muestran que un 100% de los reos en cárceles han sido víctimas de violencia doméstica de forma directa o indirecta. Es decir, que los trataron con violencia siendo niños o que presenciaron la violencia en contra de algún miembro de su familia que -dicho sea de paso-regularmente han identificado como la madre. 

Los abusadores domésticos actúan en sus escenarios familiares independientemente de la edad, raza, condición socio-económica o religión. Según la forma como se expresan pudiéramos agruparlos así:

FíSICOS: Pegan con los puños u objetos, muerden, patean, etc.

PSICOLÓGICOS: Amenazan, acosan , hacen o esconden cosas para aparentar que fue la víctima.

AFECTIVOS: A su conveniencia, muestran y ocultan las expresiones de afecto. Manipulan afectivamente a personas en su entorno. Desprestigian a la pareja frente a los hijos u miembros de la familia.

SEXUALES: Violan, exponen a la pareja al contagio de enfermedades de transmisión sexual,obligan a su pareja o hijos a prostituirse.

ECONÓMICOS: Roban el dinero de la víctima, la privan de recursos para el mantenimiento del hogar, no pagan a tiempo las pensiones alimentarias aun teniendo disponibilidad.

El mayor reto que enfrentan los abusadores en nuestra cultura no es la reformación conductual que es perfectamente posible cuando se atiende con disciplina a la terapia de manejo de ira (más o menos de unas 16 semanas) y se pone en práctica lo aprendido. El enemigo a vencer es el compromiso que se tiene con una sociedad que ha impuesto que para ser un hombre de verdad hay que expresarse con violencia. Por eso, solo un 2% de los hombres que atienden a estas terapias lo hace de manera voluntaria y el resto lo hace solo porque lo obliga una orden judicial. La Violencia Doméstica es un CRIMEN que solo paga quien lo comete y en el 95% de los casos reportados, sus perpetradores son hombres. 

Así que la próxima vez que piense en agredir a alguien que Usted dice amar, piénselo dos veces porque su vecino, su primo o su compañero de tragos no lo va a acompañar a la cárcel. Por Usted y por su familia decídase a dejar la violencia de lado e intégrese a una nueva cultura de la paz. Eso sí, actúe ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Autora: Belitza Contreras ( http://www.belitzacontreras.com)