Máxima: “…los
fallos susceptibles de ser revisados de manera extraordinaria y excepcional, a
saber: los fallos definitivamente firmes de amparo constitucional, las sentencias
definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o
normas jurídicas, las sentencias
definitivamente firmes que hayan sido dictadas apartándose u obviando expresa o
tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna
sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando
un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma
constitucional, y las sentencias definitivamente firmes que hayan incurrido, según el
criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la
Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación
de la norma constitucional.
En este
sentido, es pertinente destacar que esta Sala ha insistido que la revisión
constitucional es una potestad extraordinaria que no es amplia ni ilimitada,
sino que se encuentra restringida, no sólo por cuanto se refiere de una manera
taxativa a un determinado tipo de sentencias definitivamente firmes, sino que,
igualmente, con base en la unión, integración y coherencia que debe existir en
las normas constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, al establecer la garantía de la cosa
juzgada en su artículo 49 constitucional, limita la potestad extraordinaria de
revisión, que busca evitar la existencia de criterios dispersos sobre las
interpretaciones de normas y principios constitucionales que distorsionen el
sistema jurídico (creando incertidumbre e inseguridad en el mismo),
garantizando la unidad del Texto Constitucional y, en fin, la supremacía y
efectividad de las normas y principios constitucionales, cometido que tiene
asignado este Alto Órgano Jurisdiccional como “máximo y último intérprete de
la Constitución”.
Asimismo,
esta Sala ha venido manifestando, de forma insistente, que la potestad de
admitir o no admitir la solicitud de revisión es discrecional, e incluso, que
puede, en cualquier caso, desestimar la revisión sin motivación alguna, cuando
según su criterio, constate que en nada contribuye a la uniformidad de la
interpretación de normas y principios constitucionales.