26 dic. 2012

Trámite del recurso de apelación de un recurso de Amparo Constitucional ante un Tribunal de Segunda Instancia en materia penal.

“El trámite del recurso de apelación de una decisión de amparo debe seguirse por el procedimiento de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no por el establecido en el Código Orgánico Procesal Penal para la apelación de autos”. (Sentencia vinculante).

Máxima: “Ahora bien, no obstante el anterior pronunciamiento, no puede pasar por alto esta Sala las actuaciones que cursan en el expediente en relación al trámite dado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui a la apelación interpuesta por el defensor privado del ciudadano Jesús Argenis Bernal navarro.

Así las cosas, se observa que una vez presentado el recurso de apelación, cursa en actas auto mediante el cual la aludida Corte de Apelaciones acuerda “(…) emplazar a las partes, a los fines de que contesten el presente Recurso de Apelación dentro de tres (3) días contados a partir de la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase (…)”, y libró boleta de emplazamiento a la parte accionada en amparo (Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui) el 27 de septiembre de 2011.
En este orden de ideas, se observa que el trámite dado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui denota un desconocimiento de las normas que regulan la tramitación de la apelación en el procedimiento de amparo constitucional, siendo que aplicó la normativa referida a la apelación de autos prevista en el articulo 448 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en lugar de la contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, trámite éste que causó a las partes un gravamen procesal innecesario y dilató igualmente el trámite ante la alzada. Dicho esto, se apercibe a la referida Corte de Apelaciones que se abstenga de incurrir nuevamente el error advertido por esta Sala y adherirse estrictamente a las normas procedimentales establecidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.


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