16 dic. 2011

Teorías del Delito (Capitalismo - Socialismo)

Incidencia de las condiciones económicas en la criminalidad
Hay dos vertientes, diferenciadas, en el enfoque de la correlación entre las condiciones económicas y el delito: la una destinada a la mejora de esas condiciones para impedir la proliferación del delito; la otra englobada en la concepción socialista de la sociedad.
    La mejora en las condiciones económicas del individuo reduce la extensión del delito. El planteamiento socialista, intervensionista y dogmático (socialdemócrata o un estado intermedio entre práctica socialista y capitalista, en ningún caso sin llegar al extremismo soviético o de socialismo real), establece una relación dominante entre socialismo, régimen económico y delito.
    A efectos criminológicos y de política criminal, la dependencia teórica de las condiciones económicas con la criminalidad aborda los siguientes aspectos:
    Concepto de lo económico.
    Socialismo y criminalidad.
    Bienestar social y crimen.

Concepto de lo económico
Entendamos por condiciones económicas el conjunto de circunstancias, programas y decisiones que se ocupan de los factores económicos de un país tales como su riqueza, su producción, distribución, consumo, así como su expansión para satisfacer las necesidades generales y el crecimiento de su poderío económico.
    Para establecer razonablemente la vinculación entre los factores económicos el rendimiento general o per capita y la criminalidad, hay que contemplar una serie de aspectos bastantes de los cuales tienen poco o nada que ver con lo estrictamente económico.
    Por lo común, los criminólogos se ocupan preferentemente de la industrialización y urbanización y de los ingresos económicos de determinados grupos o clases; pero tales aspectos no son sólo económicos. Puede cuestionarse si el origen y desarrollo del capitalismo se debe a motivaciones económicas o, como establecen varios autores, la causa se origina en la ética protestante, es decir, más debido a las ideas, al deseo de perfeccionar lo que se hace, a la iniciativa de las personas, que a razones puramente económicas.
    La pobreza más que la riqueza ha sido considerada, y todavía lo es en gran medida en los países subdesarrollados, una fuente de criminalidad. Sin embrago, en los países opulentos, que nunca lo son en plenitud, parece ser, aunque las estadísticas criminales no lo indican, que las gentes que no son pobres contribuyen proporcionalmente al crimen más que los que lo son. Luego, de ser así, el factor económico es ambivalente respecto a la criminalidad.
    La conclusión más atinada es que lo puramente económico, como lo puramente sociológico o psicológico, no consigue establecer una relación constante y directa con la criminalidad; aunque sí con ciertos delitos que no son siempre los mismos. Las condiciones económicas del territorio a examen y las de su población, desempeñan un papel importante en la vida de un pueblo, tanto por exceso como por defecto, y puede manifestarse en mayor empleo, buenas condiciones de alimentación, vivienda, educativas y sanitarias; menor desigualdad económica entre los diversos sectores sociales; extensos servicios de asistencia social y mayores facilidades de instrucción. Factores que debieran contribuir a un descenso del índice de criminalidad, lo que no es un baremo taxativo pues fluctúa.
    La correlación entre economía y criminalidad presenta a los criminólogos una problemática intrínseca.

Socialismo y criminalidad
Desde principios del siglo XX, los dirigentes de las sociedades donde se ejercita la realidad socialista, y también en sus planes de organización y colectivización en todos los ámbitos, propagan la creencia de que el mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la producción y la industrialización (según la práctica socialista) acabarán por reducir significativamente o incluso suprimir la criminalidad. La creencia explica, pero no justifica, la actitud negativa de la mayor parte de los países de régimen socialista respecto a la política criminal y a la criminología.
    Por definir el socialismo para hacerse una idea cabal del distingo entre la teoría y la práctica, diremos que es la teoría y plan de acción dirigidos a la organización colectiva de los medios de riqueza y producción a fin de satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad donde se ha implantado mediante la posesión en común, o por el Estado, de dichos medios y su explotación. Lo que quiere decir que hay una constante intervención del Estado (quienes lo configuran y administran) que forzosamente interfiere en el ejercicio libre de ciertos derechos humanos.
    Cabe decir que la socialdemocracia no es socialismo y que la mixtura de socialismo, nacionalismo, centralización, tribalismo y autoritarismo corrupto como sucede en países especialmente de África, consigue un desaguisado social, una intermitencia en el desarrollo económico que avanza un paso y retrocede dos, y un empobrecimiento absoluto de los naturales de esos países. La preferencia por el socialismo en estos países se explica en buena medida como reacción frente al colonialismo e imperialismo que se identifican errónea y tendenciosamente con el capitalismo.
    La característica más acusada del socialismo practicado en buen número de países subdesarrollados es la importancia dada a la industrialización preconcebida como medio de mejora material y de nivelación socioeconómica a fin de evitar la desigualdad social. Evidentemente, la industrialización conlleva benéficos económicos, sociales y otros, pero no da lugar a una igualdad social que tampoco se alcanza en los países marxistas-leninistas, como la historia se ha encargado de demostrar.
    El problema no es de la desigualdad en sí, que es inevitable, aunque no sea más que como consecuencia de una distribución de capacidades, trabajo y responsabilidad, sino de los privilegios asignados a ciertas clases, entre los cuales la infalibilidad política y la consecuente falta de exigencia de responsabilidad en los casos evidentes de abuso de poder, da lugar a un sistema de jerarquías y clases más inflexible y cruel que el existente en algunas de las sociedades llamadas capitalistas.
    Criminológicamente, la desigualdad social tiene importancia cuando es acentuada y representa una injusta diferenciación que da lugar a antagonismos, resistencias y violencia; pero tal diferenciación no debe entenderse sólo económicamente ni tampoco pretender que la industrialización dirigida pondrá término a la misma. Para la Criminología la desigualdad social es un hecho tan inmutable como el sexo y la edad.
    Al crear nuevas condiciones de vida, con nuevos intereses y actitudes y la consiguiente modificación de valores y de la apreciación de estos, toda industrialización, tras suprimir algunos, da lugar a nuevos hechos delictivos.

Bienestar social y crimen
La política de bienestar social ha de entenderse a partir de la planificación, programación, operación, y expansión continuada de una serie de esquemas y servicios destinados a satisfacer en forma efectiva y permanente, con carácter general, las necesidades más esenciales así como mejorar las condiciones de vida por medio de una intervención constante del Estado. La continuidad, efectividad y expansión de la política de bienestar social requiere no sólo recursos económicos sino también libertad.
   La índole asistencial de la política de bienestar, que trata de hacer por el individuo lo que en no pocos casos este debería hacer por sí mismo, suscita la cuestión de si una política social excesivamente extendida no mina el sentido de responsabilidad individual y colectivo, y con ello facilita la comisión de hechos delictivos que no tendrían lugar o lo serían en menor medida si el individuo y la colectividad conservaran mayor iniciativa y responsabilidad. Ello no quiere decir que la mayor asistencia social cause directamente mayor criminalidad, pero sí que al facilitar la formación de ciertas actitudes individuales y colectivas puede contribuir al aumento de determinadas formas de criminalidad o no reducir sensiblemente las ya existentes.

Consideraciones
El desarrollo económico, la planificación económica o la economía dirigida, se haga siguiendo tesis capitalistas, socialistas o intermedias, suscita penal y criminológicamente las siguientes cuestiones:
    Determinación del tipo nacional o predominante del desarrollo de la economía que se implante.
    Protección penal dada al sistema o plan económico en acción.
    Intervención de expertos, burocracia y dirigentes en la realización del plan o desarrollo que, salvo excepciones, originará casos de criminalidad.
    Organización del trabajo, producción y distribución en la planificación o desarrollo y protección penal de dichos aspectos.
    Formulación de los tipos de delitos económicos que pueden originarse por la aplicación de los apartados anteriores.
    Cualquiera que sea el fundamento y fin de un desarrollo económico importante, particularmente el dirigido o planificado, si bien ciertos delitos pueden desaparecer o decrecer, otros surgirán y su aparición no se evita aunque la prevención del delito y el tratamiento del delincuente se injerten en la planificación económica. En consecuencia, cabe decir que el delito no se origina exclusivamente en los factores económicos.

Por: Miguel Ángel Olmedo

7 dic. 2011

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La presunción de inocencia, para la profesora y jurista venezolana, Magaly Vásquez González, más que un derecho, es “una garantía” la cual “releva al imputado de la obligación de demostrar su inculpabilidad”, en consecuencia,  por exigencia constitucional, “será el órgano encargado de la persecución penal (en el CEC, el Juez; en el COPP, el fiscal del Ministerio Público) quien deberá demostrar su responsabilidad en el hecho que se le imputa”.
     En lo que respecta a su debida aplicación, en acatamiento al debido proceso penal, y a las ritualidades procesales y constitucionales, el imputado debe ser tratado, antes y durante el transcurso del juicio, con todo el respeto que amerita su estado de inocencia, lo que significa que deberá ser juzgado en libertad[ y particularmente no podrá ser  presentado ante los medios de comunicación social sin su aprobación, tampoco podrá ser torturado ni humillado ni objeto de vejámenes que atenten contra la dignidad humana, y no ser objeto de procedimientos que trastornen su voluntad, toda vez que  el Estado no debe ni puede  sacar ventaja  de un medio comprobadamente   nulo, clandestino, ilícito, en el ejercicio de la carga de desvirtuar la presunción de inocencia del imputado o acusado, porque en primer lugar,  transgrediría  el principio de igualdad de las partes y el derecho de tener un juicio justo conforme a las reglas del debido proceso, y en un segundo plano, estaría respaldando el desconocimiento del ordenamiento jurídico, logrando, con ello, agrietar las bases de un sistema social y democrático cuyo postulado principal es la prevalencia de los derechos fundamentales del hombre. 
En el Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, se acopia el principio de la presunción de inocencia:
   “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.” 
   En puridad se determina que cualquier persona que sea imputada, deberá ser apreciada como inocente, en todas las fases del proceso penal, hasta que acontezca en una decisión irreversiblemente firme, sin que pueda disminuirse en ningún tiempo su estado de inocencia.
   Esto es, el legislador impone la obligación al Estado, de comprobar,  mediante el Ministerio Público, la autoría, participación, y responsabilidad del acusado en la comisión del ilícito penal que se le atribuye, eximiéndose a éste, la necesidad de probar su inculpabilidad.[
   Es oportuno acotar que, el hecho de que una persona sea imputada, no quiere decir con ello que ésta sea culpable del delito que se le incrimina, tampoco es sinónimo de que sea autor o haya participado directa o indirectamente en el  ilícito penal, pues el ser imputado, como bien lo advierte el tratadista Alberto M. Binder, “es una situación procesal (…) que otorga una serie de facultades y derechos, y que en modo alguno puede ser automáticamente equivalente a ser autor de un cierto delito”.
  Con la imputación la persona adquiere compromisos, deberes y derechos, entre los que primordialmente se encuentran el principio del estado jurídico de inocencia, alcanzando con ello algo que no existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que es saber qué organismo o autoridad policial inició en su contra alguna investigación, para establecer su concurrencia o intervención y autoría en un cierto ilícito penal, de tal forma que esa averiguación no se realice sin su conocimiento previo, a espaldas suya; logrando pedir  asequiblemente, no solo que el Ministerio Público efectúe diligencias de investigación a fin de desvirtuar las imputaciones que se le formulen, sino que se declare anticipadamente  la improcedencia de la solicitud hecha por la vindicta pública,  en cuanto la privación preventiva judicial de libertad.
  Ahora bien, es menester aclarar que a pesar de que ni el  derogado Código de Enjuiciamiento Criminal ni la Constitución Nacional de la República de Venezuela de 1961, establecían explícitamente la presunción de inocencia, desde el 14 de junio de 1977, era (es) de imperativo sometimiento reconocer que toda persona a quien se le impute de un delito determinado, tiene el Estado el sagrado deber de considerarlo inocente, hasta que se constituya constitucionalmente su culpabilidad. Huelga decir, que dicho principio jamás se cumplió, toda vez que en la práctica, siempre se llegó a presumir la culpabilidad de todo aquél que por una u otra causa, era objeto de una investigación penal.
   Es a partir de la vigente Carta Política Fundamental de 1999, que se reconoce como un derecho supremo el principio de la presunción de inocencia,  convirtiéndose conjuntamente con el derecho de defensa,  en uno de los cimientos cardinales del derecho procesal penal moderno venezolano.
   Es así, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  instituye la presunción de inocencia como consecuencia del debido proceso, en la normativa del  Artículo 49:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1.      La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2.      Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3.      Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4.      Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5.      Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6.       Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7.      Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8.      Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”
                Desde períodos pretéritos  el axioma de la inocencia o más aún, el estado de inocencia del ciudadano que es acusado, ha repercutido en la conciencia del legislador, que las personas que constituyeron  el 1º de julio de 1811, el  Supremo  Congreso General  de  Venezuela,  en un hecho sin paragón en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentes del hombre  aprueba en la Declaración de los  Derechos del Pueblo, que: 
Todo ciudadano deberá ser tenido por inocente mientras no se le declare culpable.
 Si se cree indispensable asegurar su persona, todo rigor que no sea necesario para ello debe ser reprimido por la ley”. 
 Subsiguientemente,  el dogma del estado de inocencia como derecho primario del hombre, es consagrado en la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, la cual fue aprobada por el Congreso Constituyente  el  4 de diciembre de 1811:
Todo hombre debe presumirse inocente hasta que no haya sido declarado culpable con arreglo a las leyes, y si entre tanto se juzga indispensable asegurar su persona, cualquier rigor que no sea para esto sumamente necesario debe ser reprimido”.
     A la par, la Constitución Política del Estado de Venezuela  de 1819, ordena que:
Todo hombre se presume inocente hasta que se le declare culpado. Si antes de esta declaratoria se juzga necesario prenderlo o arrestarlo, la ley prohíbe que se emplee ningún rigor que no sea muy indispensable para asegurarse de su persona.” 
  Asimismo, en la Constitución de la Gran Colombia, trascendida ampliamente como la Constitución de 1821, instituyó que: 
Todo hombre debe presumirse inocente hasta que se le declare culpado con arreglo a la ley. Si antes de esta declaratoria se juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe emplearse ningún rigor que no sea indispensable para asegurarse de su persona”
   Este  principio  tan importante y significativo en la progresividad de los derechos de los ciudadanos, se desvanece de nuestro sistema constitucional en 1830, con la entrada en vigencia de la Constitución del Estado Venezolano; siendo acogido  en nuestro ordenamiento positivo desde el 14 de junio de 1977, con la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica,  y como un hecho curioso y muy llamativo la Constitución de la República de Venezuela de 1961, no lo instauraba explícitamente, a pesar que entre los Constituyentes se hallaban, entre otros, pro hombres de gran talento universal, como Víctor Mazzei González,  Luis Beltrán Prieto Figueroa, Arístides Calvani, José Vicente Rangel, Fabricio Ojeda, Arturo Uslar Pietri, José Herrera Oropeza, y Ambrosio Oropeza,  éste último reverenciado como uno de los más grandes constitucionalista del siglo XIX.
   De conformidad con las antepuestas acotaciones, el principio de la presunción de inocencia se encuentra establecido tanto en nuestra Carta Política Fundamental como en la Ley Adjetiva Penal.  Empero, el COPP resguarda  más enérgicamente al ciudadano frente  al ius puniendi del Estado.  En razón a ello, el respetable profesor y  jurista venezolano, Frank E. Vecchionacce Iglesias,  considera que “la fórmula del Código Orgánico procesal Penal de la presunción de inocencia es más garantista que la contemplada en el Art. 49 de la Constitución de l999”, y en tal sentido, expresa:
“De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, en cambio, el investigado y acusado goza de los efectos de la presunción de inocencia hasta que se dicte un pronunciamiento que “establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”, de lo que se desprende que sólo la conclusión del proceso mediante la sentencia es el único momento en el que se puede afirmar que la presunción ha sido desvirtuada. Puede notarse que, en este caso, la vigencia y efectividad de la presunción de inocencia se extiende más en el tiempo y abarca la totalidad del proceso hasta su culminación, lo que no sucede con la regulación constitucional”. 
Es dable advertir, a la postre, que los derechos señalados y acreditados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden estimarse como taxativos, porque siendo la Nación venezolana,  “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”,  todos los derechos esenciales –como el de la presunción de inocencia– ,  innatos, exclusivos, característicos, primarios, congénitos e inherentes del ser humano, serán reconocidos, aunque no aparezcan en la Carta Política Fundamental o en los convenios, acuerdos y tratados sobre derechos humanos.
Por: Leonardo Pereira Meléndez

QUE HAGO SI SOY DETENIDO

QUE HAGO SI SOY DETENIDO
Ante la situación difícil que se vive en el país y que ha ocasionado la detención de un gran número de ciudadanas y ciudadanos, hemos considerado oportuno hacerle conocer a la ciudadanía como actuar en caso de una detención. Es necesario el que conozcamos los principios básicos que rigen el Proceso Penal Venezolano para exigir su cumplimiento en caso de ser requerido.

Uno de los principios fundamentales del Proceso Penal Venezolano es el de garantizar el Estado de Libertad. El artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece: “Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.” Igualmente el articulo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV) nos dice “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno”.

En este manual nos proponemos darle a la ciudadanía tips básicos que deben conocer en caso de ser detenidas, que derechos tienen, que deben hacer, lapsos legales y todo lo que se requiere saber en estos casos.

¿Qué es una Detención “In fraganti” o en “Flagrancia”?
El COPP y la CRBV son claros al afirmar que nadie puede ser detenido sino es sorprendido cometiendo el delito o cuando lo acaba de hacer. Es importante tomar en cuenta que manifestar pacíficamente es un derecho establecido en el artículo 53 de la CRBV y no se encuentra establecido como delito en nuestra legislación penal aunque cuando la manifestación va acompañada de alteraciones al orden público, obstrucción de vías publicas, uso ilícito de armas, etc. sí se incurre en la comisión de delitos.

¿Qué hago si me detiene?
Es importante saber que en primer lugar me tienen que permitir comunicarme con mis familiares, abogados o asociación de asistencia jurídica para informar de mi detención (Art. 125 COPP), igualmente la autoridad policial que realice la detención debe dentro de un lapso de 12 horas para poner al detenido a las ordenes del Fiscal del Ministerio Publico quien a su vez deberá dentro de las 36 horas siguientes presentar a este ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del lugar de la detención para que se efectué la Audiencia de Presentación. Desde el momento de la detención los organismos policiales y  judiciales deben ser vigilantes del cumplimiento del debido proceso.

¿Quién me puede detener?
La CRBV es clara en su articulo 44 al afirmar que “Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad estará obligada a identificarse”. Por lo tanto, sólo las personas identificadas como funcionarios policiales pueden detener a alguien previa presentación de sus documentos de identificación.

¿Puedo ser incomunicado?
Como ya lo dijimos tanto la CRBV y el COPP garantizan el derecho de la persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogado de su confianza para manifestarle que se encuentra detenido por lo que no procede en ningún caso la incomunicación.
¿ Puedo ser sometido a declaraciones policiales o judiciales sin estar presente mi abogado?
No, tanto la CRBV como el COPP son claros en que la defensa es un derecho inviolable en todo grado de la investigación y del proceso y califica como nulas las declaraciones que sean hechas sin la presencia del abogado del imputado de un delito.

¿Tengo la obligación de declarar?
No, la CRBV establece que nadie puede ser obligada a declarar contra si mismo, ni su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad es decir familiares cercanos, hermanos, hijos, padres, tíos, sobrinos, primos, suegros, cuñados, etc.

¿Me pueden torturar para que confiese?
La tortura es un delito de violación de derechos humanos, esta prohibida en nuestro país por la CRBV, así como por pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Sí confieso haber cometido un hecho ilícito mediante la tortura, esta no tiene validez: Si una persona es torturada por un funcionario público, en las circunstancias que sea, debe acudir a la Fiscalia General de la República para presentar la respectiva denuncia y para que se ordene el examen médico forense necesario para determinar la magnitud de los daños causados. En caso de que la tortura sea ejecutada durante la detención debe  comunicarlo de inmediato a su abogado y al Fiscal del Ministerio Público que lleva el caso para las averiguaciones respectivas y la sanción de los culpables.

¿Qué es la Audiencia de Presentación?
Es en la que el Fiscal del Ministerio Público presenta al imputado ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control dentro de las 36 horas siguientes a que tuvo conocimiento de la causa y previa demostración de haberse cometido un hecho punible, el fiscal solicita en este acto que al imputado se le aplique una medida privativa de libertad o la libertad del detenido. En esta audiencia debe estar presente el Juez, Fiscal del Ministerio Público, Imputado y su Abogado Defensor. Este Juez debe tomar una decisión dentro de las 48 horas siguientes y la misma puede ser apelada ante una Corte de Apelaciones

¿ Qué funciones cumple el Fiscal del Ministerio Público?
Es el funcionario encargado de ejercer la acción penal, así como dirigir la investigación de algún hecho punible al igual que la actividad de los órganos de policía de investigaciones para establecer la identidad de los autores y participes del hecho. Aun y cuando este funcionario tiene que aportar las pruebas y solicitar cuando sea necesaria la privación de libertad, es el Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control el que toma la decisión.

¿Qué funciones cumple el Juez en el Proceso Penal?
El Juez es el arbitro del proceso y el encargado de garantizar la aplicación de la justicia. En este sentido la CRBV dice “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (Art. 26). Los Jueces en el ejercicio de sus funciones son autónomos e independientes de los  órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y el derecho (Art. 4 COPP). Los jueces son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones  injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procésales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones (Art. 255 CRBV).

¿Qué es el Debido Proceso?
Es un derecho fundamental de los y las ciudadanas donde ese fijan las reglas básicas de cualquier proceso judicial o administrativo en defensa de los derechos ciudadanos. Esta consagrado en el artículo 49 de la CRBV y todos los funcionarios investidos de poder, nos deben de garantizar su cumplimiento, aun en  Estados de Excepción, momento en el cual se pueden suspender determinados derechos y garantías, y consiste en lo siguiente:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la  investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su  defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada  culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como  delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar  contra éstos o éstas.

¿Puedo ser juzgado en libertad?
Como ya lo hemos dicho tanto la CRBV y el COPP garantizan el estado de libertad como regla general y teniendo como excepción la privación de libertad. Igualmente el artículo 244 del COPP dice que no se podrá ordenar una medida de privación de libertad, cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En estos casos el juez siguiendo los principios del COPP debería dictar una medida cautelar sustitutiva a la prisión y la persona ser juzgada en libertad. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de delitos por los que están siendo procesados las personas actualmente detenidas por motivos políticos tiene una pena que no sobrepasa en su límite máximo los 5 años, por lo que aun y siendo considerados culpables en un juicio futuro, les sería procedente el otorgamiento de la fórmula alterna de cumplimiento de pena “suspensión condicional de la pena” por lo que cumplirían su pena en libertad, lo que hace desproporcionado que les sean dictadas medidas privativas de libertad.

¿Qué criterios debe tomar el juez para privar de la libertad a una persona?
Para que el juez pueda tomar la decisión de dictar una medida privativa de libertad debe tomar en cuenta los siguientes elementos:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

¿En qué consiste el peligro de fuga?
Es la presunción que pueda tener el juez de que si la persona es juzgada en libertad puede fugarse y que el proceso que se sigue quede sin resultas e impune, pero para esto el tiene que tomar en cuenta una serie de elementos que son los siguientes:
1.- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2.- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3.- La magnitud del daño causado;
4.- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;

¿Qué son medidas cautelares sustitutivas a la prisión?
Son medidas sustitutivas a la prisión dictadas por el juez penal correspondiente (en la mayoría de los casos en funciones de control) siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado.

¿En qué oportunidad se solicitan?
Se puede solicitar en cualquier momento del proceso una vez realizada la Audiencia de Presentación que se efectúa dentro de las 48 horas siguientes de aprendido el imputado, ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control del lugar donde se produjo la detención. Consideramos que en aras de garantizar el estado de libertad, principio fundamental del proceso penal, estas pueden ser solicitadas hasta antes de que se efectué el juicio penal por lo que aun en la fase de juicio estas pueden ser tramitadas.

¿Cuáles son estas medidas cautelares sustitutivas?
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata deagresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando lavíctima conviva con el imputado;
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales;
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria. En caso de que el imputado se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva. En ningún caso podrán concederse al imputado, de manera contemporánea tres o más medidas cautelares sustitutivas.

¿Pierdo mis derechos estando detenido?

Las personas que se encuentran detenidas preventivamente al igual que las que han sido condenadas poseen los mismos derechos que los que estamos en libertad, solo que les es suspendido preventivamente la libertad de tránsito y circulación. Es también importante saber que toda persona se presume inocente  hasta tanto no se demuestre su culpabilidad y la manera de demostrar esto es mediante una sentencia definitivamente firme después de un juicio oral y público.

¿Me pueden tener preso en una cárcel junto a delincuentes comunes?
Lamentablemente el desastre de nuestro sistema penitenciario, la crisis que desde hace años vive, no ha permitido una clasificación de los privados de libertad y se encuentran todos revueltos, lo que es de verdadera peligrosidad y que ha convertido a estos centros en los lugares mas violentos del país. En este sentido es bueno invocar lo establecido en el articulo 43 de la CRBV, en que el Estado debe garantizar de manera especial la vida de los que se encuentran en prisión. Asimismo esto debería ser la principal causal a tomar por los jueces a la hora de tomar una decisión y dictar medidas sustitutivas a la prisión antes de la reclusión. Pero no existen establecimientos especiales para tener a estos detenidos por razones políticas.
MANUAL ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL “UNA VENTANA A LA LIBERTAD”. REDACCIÓN DE TEXTOS: DR. CARLOS ALBERTO NIETO PALMA. AUTORIZADA SU DIVULGACIÓN CITANDO LA FUENTE DE DONDE PROVIENE.

Admitida accion de nulidad en contra del “Efecto Suspensivo del Recurso de Apelación”.

SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente:  CALIXTO ORTEGA RIOS Exp. 16-0952 El 29 de noviembre de 2016, comparecieron ante esta Sal...