6 oct. 2010

Consecuencias procesales de la afirmación de los hechos en la acusación

Cuando se dice que la acusación ha de ser precisa y clara respecto a los hechos constitutivos del delito con el cual se exige las pretensiones punitivas, es por exigencia constitucional. El ciudadano goza de un status de inocente que sólo puede ser desvirtuado cuando se produzca sentencia firme condenatoria conforme a la ley. Nadie puede ser condenado si no está previsto en la ley previa, la conducta que se juzga, como delito. Acusar por una conducta no prevista como punible es una arbitrariedad y el juez de control debe hacer efectivo el control de la acusación y declararla inadmisible. Pero no solamente eso, sino que los hechos deben ser efectivamente parte de un tipo, que no haya duda, porque si se formula acusación en esas condiciones también constituye una arbitrariedad. El fiscal del Ministerio Público tiene que tener presente que con su acusación puede lesionar derechos fundamentales y que debe respetar un conjunto de garantías procesales de aplicación inmediata.
                Conforme a lo establecido en el artículo 363 del COPP “La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritos en la acusación y en el auto de apretura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación. En la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar al hecho una calificación distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio…” Se trata de la aplicación del principio de congruencia entre acusación y sentencia. Pero, lo que nos interesa en este momento es la vinculación que produce la acusación fiscal para el juicio futuro. En este sentido puede afirmarse las siguientes consecuencias:
                A.- Los hechos afirmados en el escrito de acusación tienen una función delimitadora del objeto del proceso. Al admitirse la solicitud de apertura de juicio, éste va a versar sobre hechos afirmados por la acusación. Esto es, el hecho de que se acusa, constituidos por el conjunto de elementos facticos en los que se apoya, que afirman que hay un hecho punible, que hay la participación concreta del imputado, que hay circunstancias agravantes o genéricas y todo aquello que conduce a establecer la culpabilidad penal que es imputada al sometido a proceso.
                B.- La base fáctica afirmada en la acusación fiscal vincula al tribunal tanto de control como de juicio, de modo que estos no pueden introducir un nuevo hecho.
                C.- La oferta probatoria queda determinada por los hechos afirmados en la acusación, de manera que el examen de pertinencia y conducencia de los medios se hará sobre tales hechos.
                Debe recordarse que una delimitación de los hechos objeto del proceso constituye una garantía al derecho de defensa, pues, ésta es efectiva sólo cuando se tiene conocimiento de los hechos que fundamentan la acusación, caso contrario que sean ocultos o sorpresivos se coloca al imputado en situación de indefensión. Es justamente el núcleo del derecho de conocer de lo que obra en contra. Conociendo cuales son los hechos imputados puede desplegarse una defensa efectiva para desvirtuarlos, bien porque presenten unos hechos que configuren coartadas o bien hechos excluyentes.
                Al tener esta función delimitadora del objeto del proceso lógicamente la actividad probatoria se centrarse en probar esas afirmaciones, pues, son estas el vinculo a través del cual los hechos se introducen en el proceso. Por supuestos el juez no puede introducir nuevos hechos pero conforma a la norma ( Art. 330 numeral 2 del COPP) puede cambiarle la calificación jurídica atribuida a los hechos, pues, quien aplica el derecho es el juez, lo que significa que se trata de un juicio jurídico y además con relación a la  questio facti, tiene el poder de determinar negativamente el objeto del juicio, esto es, decretar el sobreseimiento  sobre los hechos o algunos de los hechos, lo que significa si es parcial el juicio no podrá celebrarse sobre los hechos en los cuales recae el sobreseimiento. Obviamente, hemos sostenidos que debe buscarse la verdad material, lo que significa que debe contrastarse esas afirmaciones vertida con los hechos que están en la realidad, sin que esto signifique que el juez tenga función investigadora, pues desnaturalizaría el sistema acusatorio.
                Lo que interesa en este nivel de acusación  es que deben hacerse unas afirmaciones de hecho, las cuales determinan el objeto del proceso, no pudiéndose establecer nuevos hechos, salvo cuando son nuevos o sobrevenidos lo cual requerirá procedimiento especial para la introducción para no producir indefensión, y solo sobre ellos debe dirigirse la actividad probatoria. Cuando son hechos nuevos o sobrevenidos debe formularse nueva acusación para permitirle al acusado re-plantee su defensa.
                Debe concluirse que cuando el fiscal ejerce la acusación actúa sin lugar a dudas como una parte más, en igualdad de armas con la otra parte, pero corresponde a ese órgano y al acusador particular, si lo hay, probar los hechos expuestos en la acusación, con una calidad y suficiencia de manera que la culpabilidad este fuera de toda duda razonable. La acusación tiene que aportar elementos probatorios para que el debate se forme la prueba que tiene que ser suficiente de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia. La doctrina esta conteste que debe haber una prueba mínima de cargo que sea capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, por supuesto, formada en debate oral y público.

Admitida accion de nulidad en contra del “Efecto Suspensivo del Recurso de Apelación”.

SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente:  CALIXTO ORTEGA RIOS Exp. 16-0952 El 29 de noviembre de 2016, comparecieron ante esta Sal...